Duberlí Rodríguez ante crímenes ambientales: “El Estado o responde con fuerza o se deja avasallar”

A semanas de ser amenazado por su interés en el tema del tráfico de tierras en el norte del Perú, el presidente del Poder Judicial fue contundente con respecto a la situación ambiental en el Perú y sobre sus planes

Para Duberlí Rodríguez, el tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado. | Fuente: Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial

(Mongabay Latam / Alexa Vélez Zuazo e Yvette Sierra Praeli). En el Perú, los delitos  ambientales se multiplican en todas las regiones. Madre de Dios, la región más afectada por la minería ilegal, ha perdido en el último año, alrededor de 1300 hectáreas de bosques solo por esta actividad y, actualmente, lidera el ranking de las regiones con más delitos ambientales en el país, con por lo menos 3000 denuncias, de acuerdo con la Procuraduría Especializada del Medio Ambiente.

Hace unas semanas, el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, fue amenazado de muerte el mismo día que se hizo presente en Chaparrí, un área de conservación privada cercada por traficantes de tierras que mantienen en vilo a los comuneros y a los defensores de sus bosques.

Para la máxima autoridad del sistema judicial peruano, esta amenaza es un claro ejemplo de que el tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado y que el Estado debe reaccionar con fuerza, pues de lo contrario, corre el peligro de dejarse avasallar. 

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Luego de su visita a Chaparrí usted fue amenazado ¿Cree que esta amenaza a la máxima autoridad del Poder Judicial significa que estamos ante un problema de tráfico de tierras y crimen organizado que se está saliendo de las manos del Estado?

El tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado. El llamado boom de la construcción no solo ocurre en el medio urbano, también está en el medio rural y el problema es que, ahora, el precio de los terrenos ha aumentado inmensamente. Entonces, los delincuentes se han dado cuenta de que se trata de una mina de oro, un botín, ya sean tierras urbanas o agrícolas. En el caso del Área de Conservación Privada Chaparrí, el gobierno regional ha promovido la construcción de una represa que se llama La Montería, como parte del proyecto Olmos. Detrás de ello estaría el propio gerente del gobierno regional, el señor Francisco Gayoso, él está promoviendo el reservorio de La Montería, en el área de Chaparrí. Y si la gente sabe que habrá una irrigación los terrenos aledaños comienzan a revalorizarse. Por eso ahora en Chaparrí, en las zonas que están siendo invadidas, calculo que una hectárea cuesta cinco mil dólares, pero si se hace el reservorio, ese precio se disparará a no menos de 30 mil dólares. Si ya han invadido más de mil hectáreas, estamos hablando de 10 millones de dólares, y si se hace la irrigación serían 30 millones de dólares. Un gran atractivo para el crimen organizado.

Es mucho dinero…

Lo graves es que no se puede detectar a quienes están detrás de esto, porque se identifica, a los que compran los terrenos, a los beneficiados, que podría ser cualquier persona que quiere tener un terreno. Pero el tema es quién los vendió o quién entregó la constancia de posesión. Por ello, la policía debe hacer una labor de inteligencia, un trabajo paciente, de tal forma que en medio año se haga un megaoperativo.

El magistrado Duberlí Rodríguez se siente vinculado con la naturaleza, según dice, porque nació en el campo, en un caserío de Huancabamba, en Piura. Foto: Poder Judicial. | Fuente: Poder Judicial

¿Son personas que han obtenido certificado de posesión de manera irregular?

Algunos tienen certificado de posesión, ahí está la complicidad de la directiva actual de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Es una directiva espuria, no se eligió de manera adecuada, y ha entregado certificados de posesión. Dudo que esos documentos se entregaran de manera gratuita, creo, más bien, que la directiva de la comunidad está implicada en esta red de tráfico de tierras. Por tanto, la investigación los tiene que comprender a ellos, porque las redes se arman así, comprometen a empleados de las municipalidades, de los registros públicos, de los gobiernos regionales, para que se articulen, y pase casi inadvertido el tema. La comunidad campesina tiene 42 mil hectáreas, de las cuales 34 mil hectáreas se han asignado para el área de conservación privada y ocho mil hectáreas para los comuneros, para distribuir esas tierras entre ellos, pero no pueden meterse en el área de conservación privada de Chaparrí.

Hay una propuesta para reducir el área reservada

Lo que sucederá es que ya no respetarán esa área y querrán repartir tierras dentro del área reservada. Ese tema está en discusión.

Usted ha presentado una lista de diez personas, quienes estarían siendo investigadas como invasores del Área de Conservación Privada Chaparrí y los mencionó como responsables de cualquier incidente que pudiera sucederle a usted y su familia, pero por lo que explica, esa lista podría ser más extensa.

Pero claro, esa lista es absolutamente parcial y ahí no están los verdaderos miembros de la organización criminal. En esa lista estarían beneficiarios que han comprado terrenos, pero como ya son dueños tienen que estar como parte de toda esa red. La lista que entregué la obtuve de una carpeta fiscal que investiga delitos ecológicos y ahí figuran esas personas. Yo no he dicho que ellos sean los autores de la amenaza. Entregué esta lista al Ministro del Interior para que se advierta a estas personas que si algo me pasa, ellas podrían figurar como sospechosas. Quienes fueron a dejar la amenaza a la casa de mi hermano en Chiclayo fueron desconocidos. Mi cuñada dice que podría reconocer al que le habló, pero había dos más. El mensaje fue bastante claro: “Dígale a Valito —a mi hermano lo llaman así de cariño— que le diga a su hermano Duberlí que esto es una advertencia por el tema Chaparrí”. El mismo día que hicimos la inspección en Chaparrí, el 27 de enero, a las 9 de la noche dejaron esa amenaza.

Pero el tema de Chaparrí no es aislado, está directamente asociado con la comunidad campesina de Salas, donde ya han matado a tres personas, y una persona de la familia Carranza aparece implicada tanto en Salas como en Chaparrí. ¿Y por qué Salas? porque también sería beneficiaria con el proyecto de Olmos, que es altamente rentable. Entonces, ahora el estado o responde con fuerza o se deja avasallar.

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Estado desbordado

¿Desde el Poder Judicial se están tomando medidas para acelerar este proceso?

Aquí la responsabilidad es del Ministerio del Ambiente con sus procuradurías, que tienen que estar detrás de ello. También del Ministerio de Agricultura y sus organismos técnicos que deben establecer el daño causado al bosque por los incendios, que se producen constantemente y son provocados por los invasores, por los traficantes de tierras. Tiene que haber un trabajo eficiente de la policía, de la procuraduría del medio ambiente, del ministerio y obviamente también de los fiscales.

Los fiscales y el procurador del medio ambiente mencionan que hay un exceso de carga procesal. Por ejemplo, la procuraduría tiene como 20 mil casos en todo el Perú y solo ocho abogados. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto?

Nosotros estamos a la expectativa porque no hacemos nada de oficio. En este caso tiene que ser la Fiscalía la que lidere este trabajo junto con la policía. Tengo conocimiento que el Ministerio del Interior ha desplazado policías de elite para hacer una investigación exhaustiva sobre el núcleo de quienes estarían detrás de las invasiones.

Sí me preocupa que una jueza de Motupe, habiendo una orden de prisión preventiva e incluso con recompensa para uno de los invasores, que creo era Carranza, lo capturaron y lo dejaron en libertad, en un caso con dos muertos y un herido. Me preocupa la actividad de algunos jueces, que no entienden la gravedad del tema. Para mí es crimen organizado, porque lo que está en juego son millones de dólares. Imagínese que se han atrevido a amenazarme a mí, es inaudito. No voy a decir que no tengo miedo, ahora tengo seguridad, pero en algún momento que no la tenga podría pasarme algo, pero eso no me va a paralizar. Hemos abrazado algunas causas justas, y a mí una amenaza no me puede paralizar en la defensa del medio ambiente.

El sector de la pampa Yaipón, zona de amortiguamiento del Área de Conservación Privada Chaparri, presenta espacios deforestados. | Fotógrafo: Javier Ruíz

¿Regresará a Chiclayo?

Si, voy a volver a Chiclayo para tomar cartas en el asunto y para aclarar un tema. He dado esa lista, pero no la he publicado personalmente, yo la entregué al Ministerio del Interior.  Pero en un evento sobre seguridad, los medios me preguntaron sobre mi pedido de garantías y ya no lo podía negar. A partir de ello, los miembros de la lista se consideran agraviados, y dicen que me van a demandar por calumnia, por difamación, que me pedirán pago de indemnización y me han mandado cartas notariales dándome plazo de 48 horas para que me rectifique y publique en diarios de circulación nacional y en la televisión, avisos desmintiendo que ellos me han amenazado. Yo he contestado diciendo que no me voy a rectificar. En primer lugar, no he declarado públicamente sus nombres. En segundo lugar, no he dicho que ellos sean los autores de la amenaza. Porque sería irresponsable de decir que estas personas son los autores directos de la amenaza.

Una versión ampliada de esta entrevista fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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