El Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) se ubica al sur de Madre de Dios y norte de Puno, en las provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia. Sobre sus bosques de cedro y caoba vuelan cóndores andinos y por entre sus ramas se escabullen guacamayos y otras especies emblema de la zona. En las riberas de los ríos Tambopata, Candamo y Chocolatillo, las nutrias salen de pesca. Tapires y jaguares se abren paso entre pastizales que alcanzan los dos metros de altura.
Esta es una de las 76 áreas naturales protegidas por el Estado, que concentra el 37% de las aves y el 34% de los mamíferos del Perú, según la organización Wildlife Conservation Society.
Sin embargo, la biodiversidad de este paraíso natural está bajo amenaza. El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta una creciente presencia del narcotráfico. Al interior del parque, en 2016 se identificaron 118 hectáreas de hoja de coca, un área que equivale a 195 campos de fútbol o 290 veces la Plaza Mayor de Lima. En su zona de amortiguamiento –el área cercana a los límites de toda Área Natural Protegida (ANP)– se detectaron 1,988 hectáreas de cultivos cocaleros, 521 hectáreas más en relación al 2011 (1,467). La tendencia apunta a que el narcotráfico sigue ganando terreno.
El Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) reveló en noviembre de 2015 que dentro del parque hay un aeródromo clandestino en la margen derecha del río Tambopata y otro presunto aeródromo en el límite fronterizo entre Perú y Bolivia, cerca al río Heath.
Para Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico, esa frontera “es el paso obligatorio de casi el 50% de la producción de clorhidrato de cocaína procedente del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) a Bolivia, Brasil y, por el Atlántico, a Europa (...) un total de 150 toneladas métricas”. Otra cantidad menor va a México y luego a Estados Unidos.
Las parcelas de hoja de coca fotografiadas en un sobrevuelo realizado en septiembre de 2015 se concentran en dos distritos de Puno: San Gabán y San Pedro de Putina Punco. En San Gabán, los cultivos se ubican en sectores como Selva Alegre, Chaspa Chico, Loromayo y El Carmen–La Oroya. En Putina Punco, las parcelas se detectaron en Curva Alegre, La Victoria y Pampa Grande.
“Aún no hemos tenido afectaciones”
En 2010, el entonces fiscal especializado en temas medioambientales para la región Puno, Alejandro Tapia, ya había detectado preocupantes indicios de actividad ilícita en la zona. “Sí, había plantaciones de coca, había pozas de maceración vinculadas a una vivienda, al ras del suelo”, recuerda. “Algunas fumaderas al ras del suelo. Unas cabañas con vestigios probables de refinación de la pasta básica”.
A pesar del evidente crecimiento del narcotráfico en el Bahuaja Sonene, el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Pedro Gamboa, dijo a RPPData que “no hemos tenido, gracias a Dios, afectaciones (impactos)”. ¿Qué quiere decir esto?
“Sí hay una pequeña presencia en el área de algunos cultivos ilegales que hemos reportado, pero no supera ni siquiera el 0.1 % del área”, explica Gamboa. “Entonces, el impacto que pueden haber generado hacia las especies emblemáticas del área natural protegida no es significativo”.
Según Gamboa, este año el problema fue reportado una vez más a la Dirección de Turismo y Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, la autoridad competente para la erradicación del espacio cocalero es el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH), que depende de forma directa del Ministerio del Interior (Mininter).
Una fuente especializada en áreas naturales protegidas reveló a RPPData que la última vez que se erradicó hoja de coca fue en junio de 2016, pero los comuneros volvieron a sembrarla y recuperaron sus parcelas al 100%. El Ministerio del Interior no respondió a las reiteradas solicitudes de entrevistas para este informe.
Según el Sernanp, hay 12 guardaparques para la extensión de 1’091,416 hectáreas que comprende el Bahuaja Sonene. Es decir, cada guardaparque debe cuidar un área equivalente a casi tres veces la extensión de la ciudad de Arequipa. Los guardias no solo vigilan el área natural protegida, sino que realizan investigaciones de sus especies y ecosistemas sin ningún mecanismo de protección ante el narcotráfico.
Gamboa explica que los guardaparques tienen como mandato “no solo reportar los hechos, sino también mantener el anonimato, porque se puede filtrar la información que han brindado, pueden ser objeto de amenazas”. “Antes no teníamos ese cuidado. Y cuando alguien reportaba, después lo hacían llamar para que declarase. Entonces recibía amenazas telefónicas y también debajo de su domicilio. Ahora llegan los informes sin firma, lo hacemos nuestro y reportamos a la autoridad competente”, dice.
VER. Infografía: Presencia de coca en Áreas Naturales Protegidas en Perú.
Cultivos ilegales en zonas de amortiguamiento
El Bahuaja Sonene es el área natural protegida con más cultivos ilegales de hoja de coca en su zona de amortiguamiento. En el segundo puesto de este ranking está el Parque Nacional Otishi (entre Cusco y Junín), que pasó de 858 hectáreas en el 2011 a 1,306 en 2016.
Por ejemplo, hasta 2015 los cultivos cocaleros de 118 hectáreas estaban en la zona central del Bahuaja Sonene, mientras que en la Reserva Comunal de Huimeki (Loreto) solo se habían identificado 15 hectáreas. El monitoreo de UNODC señala que la suma de ambas zonas de cultivo es de 133 hectáreas, un 0.3% de la superficie total de cultivos coca en el ámbito nacional (que alcanzó las 43 mil 900 hectáreas en 2016).
A pesar del porcentaje, hay una preocupante extensión del narcotráfico en las zonas de amortiguamiento de otras 10 áreas naturales protegidas entre el 2011 y el 2016.
“El próximo Vraem”
A mediados de octubre pasado una comitiva del Gobierno Regional de Puno liderada por el gerente de recursos naturales, Edson Pizarro, constató el daño ecológico especialmente en el río Inambari: halló 50 maquinarias dedicadas a la minería ilegal y a los cultivos ilícitos. “La minería ilegal está dañando las zonas de amortiguamiento, los alrededores del parque. Se ha podido evidenciar con mucha pena la trata de personas, la prostitución, se han identificado algunos aeródromos clandestinos, tala ilegal y actos criminales”, señaló.
“Esta parte de la región se puede convertir en un segundo Vraem”, dijo Pizarro a RPPData. Agregó que Puno solo cuenta con dos fiscales en materia ambiental, y que se necesita la intervención del Gobierno Central.
