El titular de la Cámara de Comercio de Lima indicó que norma debería tener ajustes en las sanciones.
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, saludó la iniciativa de extender la llamada ley de muerte civil para los funcionarios sentenciados por corrupción a miembros de entidades privadas, de tal manera que no puedan volver a participar de empresas que contraten con el Estado.
No hay impedimento. "Un funcionario de una empresa privada es también sancionado, va a la cárcel, cumple con su periodo y después de eso puede seguir contratando con el Estado, eso es lo que queremos evitar", explicó Mongilardi. El líder gremial agregó que existe normativa de inhabilitación de contrato solo con empresas que tengan operaciones en el exterior o que funcionarios privados del exterior realicen actos de corrupción en el Perú, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Autónoma de Personas Jurídicas por Cohecho de Activos Transnacionales.
Sanciones. La llamada ley de muerte civil para funcionarios públicos puede tener sanciones de entre cinco a veinte años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y de inhabilitación perpetua en casos agravados. Mongilardi dijo que la medida para los empresarios debería tener el mismo rigor.
Similar trato. "En el caso del impedimento de contratar con el estado nuestra propuesta es seguir con la misma línea, tener de cinco a veinte y en los casos agravados sería una inhabilitación perpetua de contratar con el Estado", indicó el titular de la CCL.
Propondrán cambios. La CCL adelantó que la actual ley de muerte civil tiene que tener ajustes, debido a que se establece que la inhabilitación transcurra al mismo tiempo que cumple condena en prisión. En ese sentido, Mongilardi indicó que dichas sanciones deberían ser el doble, de tal manera que la inhabilitación recién inicie cuando salgan de la cárcel.
Aporte gremial. De otro lado, el representante del gremio de empresarios agregó que prevé que la Comisión de Integridad convocada por el Ejecutivo convoque a los gremios para participar del debate sobre la corrupción.
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