Venta de activos de empresas corruptas necesitará aprobación del Ministerio de Justicia

Legisladores han añadido quince cambios al proyecto ley del Gobierno que reemplaza al DU N°003. Hoy las Comisiones de Economía y Justicia conjuntamente debaten la iniciativa.

También se incorporaron una serie de acuerdos multipartidarios, entre los cuales figuran: la eliminación del silencio administrativo positivo, para la autorización de las transferencias en el exterior. | Fuente: ANDINA

El proyecto de ley que reemplaza el Decreto de Urgencia N° 003, presentado por el Gobierno hace un par de semanas, ha sido modificado, y hoy es discutido por las comisiones de Economía y Justicia, en sesión conjunta y extraordinaria.

Minjus dará visto bueno

El dictamen del Proyecto de Ley N° 2408/2018-PE, que busca que las empresas involucradas en el caso de corrupción Lava Jato, paguen la reparación civil al Estado, incentiva la colaboración eficaz y las deja seguir funcionando para reactivar así la economía local.

Con los cambios introducidos por algunos congresistas, el documento señala ahora que cualquier venta de activos que planeen realizar estas compañías, deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia (Minjus). Para tal efecto, todos los activos de estas empresas serán anotados en la Sunarp (Registros Públicos). La iniciativa fue hecha por la legisladora de Fuerza Popular, Úrsula Letona.

“La solicitud de autorización de dichas transferencias, puede ser presentada de manera individual o conjunta al Ministerio de Justicia. Las empresas pueden presentar un cronograma integral de pagos al exterior, destinados al cumplimiento de deudas y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o activos”, indica el documento.
Asimismo, el Minjus tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para que resuelva esta solicitud, por lo que en caso no emita pronunciamiento dentro del plazo previsto, se incurrirá en responsabilidad.

Sancionarían a todas

Según el Diario Gestión, entre las 15 modificaciones hechas a la propuesta del Ejecutivo, se plantea que se retengan los pagos del Estado y del precio de venta de los activos de la empresa que incumpla la obligación de la constitución de fideicomiso y los desembolsos.

Por su parte, el congresista fujimorista Miguel Torres, ha propuesto que se castigue no solo a las empresas involucradas en actos de corrupción que se adjudicaron el proyecto, sus consorciadas o asociadas, sino también a las que participaron durante la vida del proyecto en caso se determine corrupción con posterioridad a la adjudicación.

En tanto, la también fujimorista Alejandra Aramayo agregó que la Fiscalía, a pedido de la empresa, tendría acceso a las instalaciones previa autorización judicial. Se ha propuesto que el Ministerio de Justicia informe al Congreso anualmente los avances de la implementación de la ley.

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