Lucha contra el sicariato, extorsión y tráfico de drogas; más control migratorio y de vehículos menores; modernización de la PNP son algunas de ellas.
El Gobierno presentó al Congreso de la Repúblicael proyecto de ley mediante el cual solicita la delegación de facultades, destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. A continuación las medidas que contempla esta iniciativa legal.
Lucha contra el sicariato, extorsión y tráfico de drogas
Para este punto inicial, se pondrá énfasis en combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y el tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera, que afectan a la ciudadanía.
Se busca contar con un marco legal articulado que proporcione herramientas para los operadores de justicia encargados de la prevención, investigación, juzgamiento y ejecución penal.
Además, indica el Ejecutivo, se hace necesaria una efectiva delimitación y aplicación del delito de prevaricato, ya que una aplicación estricta de la ley sirve también como instrumento de lucha contra el crimen organizado.
Más control migratorio y de vehículos menores
Este punto se plantea un mejor control de los ciudadanos extranjeros involucrados en actos ilícitos que pretenden ingresar al país; paralelamente se propone potenciar la supervisión de vehículos menores que por su maniobrabilidad son utilizados para asaltos, robos y homicidios.
También señala la necesidad de establecer el uso de sistemas de controles electrónicos por las empresas que brindan servicios de comunicaciones, financieros, pasajeros nacionales e internacionales, carga y mensajería.
Seguridad privada
El Gobierno considera necesario fomentar el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, articulando la información que puedan estas tener para mejorar la seguridad ciudadana. Además, apunta la necesidad de estandarizar el uso de los sistemas de videovigilancia para prevenir, investigar y combatir hechos delictivos.
Se modernizará PNP
Apunta a modernizar la capacidad operativa de la Policía Nacional, fortaleciendo la investigación criminal, inteligencia, tecnologías, y el beneficio de recompensas para promover la captura de miembros de "organizaciones criminales, terroristas y responsables de delitos de alta lesividad".
Asimismo, señala que es necesario regular el uso racional de la fuerza por parte de la Policía Nacional como fuerza pública, conforme a los estándares internacionales que hay sobre la materia.
Ampliarán capacidad de penales
Ante el hacinamiento en las cárceles, se abordarán metodologías eficientes para ampliar la capacidad de albergue (asociaciones público-privadas, permutas, participación privada en construcción de nuevos penales bajo lineamientos del Inpe).
También otras medidas de control como la implementación definitiva de la vigilancia electrónica personal y la entrega de beneficios penitenciarios mediante una lógica de reinserción y no por simple cómputo matemático de 1/2 o 1/3 de la pena.
Fortalecer Registros públicos
En dicho aspecto se advierten vacíos legales que son aprovechados por quienes buscan apropiarse de bienes inmuebles (casas, terrenos, departamentos) y afectan el legítimo derecho de propiedad. Frente a ello se establecerán parámetros normativos que fortalezcan la actuación de los Registros Públicos y prevenir actos fraudulentos cometidos por las mafias.
Pago de reparaciones civiles
Sobre este último punto se busca garantizar el pago oportuno de las reparaciones civiles en delitos en agravio del Estado, mejorando la supervisión y control del ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los procuradores públicos.
ANDINA
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