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Filipinas prohíbe a expresidenta tratarse médicamente fuera del país

Gloria Macapagal Arroyo, aquejada de un desorden de la glándula tiroides y de problemas en las cervicales, no podrá atenderse hasta resolver caso de fraude electoral y fiscal.

El Gobierno de Filipinas no permitirá a su expresidenta Gloria Macapagal Arroyo recibir un tratamiento médico en el extranjero hasta que la Justicia no resuelva un caso de fraude electoral en el que está implicada, informaron fuentes oficiales.

"Permitir que se vaya afectará al proceso de investigaciones preliminares" y "sus problemas de salud no ponen su vida en peligro", adujo en rueda de prensa la ministra de Justicia, Leila de Lima.

Macapagal Arroyo, aquejada de un problema de un desorden de la glándula tiroides y de problemas en las cervicales, solicitó un permiso especial para someterse a un tratamiento médico en el extranjero, ya que figura desde agosto en la lista de personas con riesgo de fuga.

La expresidenta y su esposo, José Miguel, denunciados por amañar las elecciones legislativas de 2007 y también investigados por otro amaño en los comicios presidenciales de 2004, anunciaron que recurrirán la prohibición ante el Tribunal Supremo.

Macapagal Arroyo, que gobernó Filipinas entre 2001 y 2010, tiene pendientes otros seis procesos judiciales por delitos de fraude y corrupción.

Está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con los fondos de asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero, de compra de fertilizantes para agricultores y de beneficencia.

Uno de los últimos cargos presentados en su contra la acusa de corrupción en un contrato firmado con la empresa de comunicaciones china ZTE en 2007, supuestamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (147 millones de euros).

El Gobierno filipino tiene previsto presentar al menos dos denuncias más contra Macapagal Arroyo antes de que termine el año.

Ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, o su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia hasta el momento.

EFE

 

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