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Víctimas de Pinochet rechazan beneficio carcelario a condenados

Los manifestantes entregaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet, en la que le exigen pronunciarse sobre el tema. | Fuente: EFE

Familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados durante la dictadura marcharon en rechazo a esta posibilidad.

Familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet marcharon ayer alrededor del Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno, en rechazo a la posibilidad de que autores de crímenes de lesa humanidad reciban beneficios carcelarios.

Harán campaña. La marcha se repetirá todos los viernes, tal como lo hicieron en Argentina, durante muchos años, las madres de la Plaza de Mayo, dijeron las dirigentes de las agrupaciones a los periodistas.

Carta a Bachelet. Previamente, las organizaciones entregaron en La Moneda una "Carta contra la impunidad", dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, en la que le exigen pronunciarse sobre lo que consideran una campaña que busca liberar a autores de crímenes de lesa humanidad.

Beneficios penitenciarios. Desde hace varias semanas parlamentarios de diversos sectores, incluidos algunos de la coalición oficialista, han planteado que los militares y exagentes encarcelados sean incluidos en un proyecto orientado a favorecer con la excarcelación u otros beneficios a reclusos ancianos, enfermos terminales o con patologías irreversibles como el alzhéimer.

Protestas similares se han realizado en otros puntos del país, como Valparaíso.
Protestas similares se han realizado en otros puntos del país, como Valparaíso. | Fuente: Facebook / RIVAL

Nunca colaboraron. Las organizaciones han reaccionado en contra de la idea, argumentando que los presos por crímenes de lesa humanidad nunca han colaborado con la justicia ni manifestado arrepentimiento alguno, lo que explica, por ejemplo, que haya aún una lista de 1.192 detenidos desaparecidos.

Cierre de cárcel dorada. En la carta a Bachelet, las organizaciones demandan también el cierre de la prisión de Punta Peuco, construida expresamente para los violadores de los derechos humanos y su traslado a cárceles comunes, para terminar con sus privilegios.

Opinión. "Para nosotros es impresentable el silencio del Gobierno frente a esta campaña articulada por la derecha, sectores de la Nueva Mayoría y algunos personeros de la iglesia católica", dijo a los periodistas Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), informó la agencia EFE.

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