México, Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde provienen la mayoría de los indocumentados en EE.UU., acordaron poner en práctica políticas de "protección a los inmigrantes" para velar por sus derechos.
México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que lo conforman Guatemala, Honduras y El Salvador, acordaron hoy unir esfuerzos para velar por los derechos de su población migrante en Estados Unidos. Esto luego de que el presidente electo, Donald Trump, anunciara la deportación de unos tres millones de indocumentados con antecedentes penales.
Tras una reunión en Cuidad de Guatemala, los cuatro países acordaron llevar a cabo de forma conjunta políticas "de protección" a los inmigrantes para velar por sus derechos y su integridad. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo que es necesario "hilar muy, muy fino para no generar pánico" e instó a mantener la calma, pues las políticas migratorias de Estados Unidos no han cambiado.
Por su parte, la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu dijo: "Hoy más que nunca estamos convencidos de la importancia de mantener una comunicación que sea fluida, que sea permanente y que sobre todo sea muy abierta (...) La paz y la prosperidad de Centroamérica son la paz y la prosperidad de México". Y para refrendar el compromiso de su país con la región agregó: "En México no solo tienen un vecino amigo, sino un socio confiable y un aliado permanente".
Centroamérica principal emisor de indocumentados. Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, es una de las regiones más violentas del mundo, pese a que no hay una guerra convencional, lo que incide en la masiva emigración a Estados Unidos y México, los principales destinos. Para hacer frente a esta violencia y a la falta de oportunidades que alienta a muchos a migrar, en febrero pasado el presidente de EE.UU., Barack Obama, solicitó al Congreso un monto de 750 millones de dólares para el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Ese dinero se sumó a otros 750 millones aprobados en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional de los países del Triángulo Norte, de donde proviene el grueso de los indocumentados.
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