El drama de un joven con discapacidad al que le niegan trabajo

Juan Augusto Esteves Farro es un joven de 31 años que lleva dos años tocando la puerta de varias entidades públicas, para conseguir trabajo. Sus esfuerzos fueron en vano porque pese a contar con un carnet de discapacidad, las entidades le han dado la espalda y no respetan la Ley General de Personas con Discapacidad que les exige a las entidades una cuota obligatoria, para la contratación de personas con alguna limitación física.

“Yo tengo estudios superiores de administración, lamentablemente los he dejado por ahora porque no tengo dinero para seguir pagándome mis estudios, por eso necesito trabajar, he ingresado mis documentos a la Confereación General del Trabajo y al Municipio de Chiclayo y nada. He trabajado como archivador en Mochumí y allí no me hicieron problemas, no entiendo porque acá no respetan a las personas con discapacidad”, indicó.

Juan Augusto postuló a una plaza CAS el pasado 20 de enero, para el servicio de guardiania, pero hasta ahora el municipio no ha respondido su pedido. Y tampoco ha podido explicar si cumple con el porcentaje que exige la ley, para la contratación de personas con discapacidad.

“Pido una ayuda a la Defensoría del Pueblo, a Conadis, a nosotros nos ampara la ley, pero no la respetan, somos capaces de hacer muchas cosas, yo por ahora tengo que vender chicles para sobrevivir, pero no es justo”, agregó.

La ley 29973, en su artículo 49 obliga a las entidades públicas a emplear personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% del total de sus trabajadores. Mientras que en el sector privado el porcentaje no debe ser inferior al 3%.