Acción por parte de las municipalidades genera además un educación vial en los conductores de diversos distritos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ignacio Fernández

David Motta trabaja para una empresa de catering desde hace dos años. El lunes 17 de julio estacionó su camioneta en la cuadra 4 de la calle Virrey Toledo en San Isidro para entregar un pedido. Al regresar, su auto había desaparecido.

“Yo busqué por todos lados para no estacionarme sobre la línea amarilla. No quería que se lleven mi carro. Pero me dijeron que estaba a tres metros del cruce peatonal y eso se considera una infracción. Dos inspectores se llevaron mi auto”, dijo David al Rotafono de RPP.

El internamiento y remoción de un vehículo que infringe las leyes de tránsito debe ser realizado únicamente por la Policía Nacional, según el Reglamento Nacional de Tránsito.

Normas paralelas. El problema es que en Lima hay 14 municipalidades que no cumplen con la norma. La ley General de Transporte y Tránsito Terrestre otorga a los municipios provinciales las tareas de fiscalizar, gestionar y crear las normas. Pero estas a su vez, han delegado las funciones a las municipalidades distritales que distorsionaron sus tareas y comenzaron a internar los coches sin la participación de la Policía Nacional.

“Si alguien se estaciona en una ciclovía o vereda, un inspector municipal puede remover el vehículo a un lugar apropiado para liberar la vía. No obstante, se han ido más allá y ahora decomisan los vehículos. Hemos generado un régimen paralelo al reglamento de tránsito”, dijo el viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lino de la Barreda.

Los municipios que tienen el permiso para ejercer las labores de fiscalización del tránsito, aplicar multas y remover vehículos son Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Los Olivos, San Martín de Porres, Ate, Santa Anita, Surquillo, Magdalena, San Miguel y San Borja.

El secretario técnico de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Yuri Vilela, le dijo a este medio que es la Municipalidad Metropolitana de Lima la encargada de fiscalizar el trabajo de las distritales. Si estas no están cumpliendo la norma en el caso del internamiento de vehículos, es su responsabilidad advertirlo.

Problemas económicos. La Fundación Transitemos no ve todo negativo en este escenario. Por ejemplo, San Isidro ha empezado a reducir el número de decomisos de automóviles. En febrero se internaron 500 coches, mientras que, en julio tan solo 237. Por ello, los internamientos parecen revelarse como un método disuasivo efectivo.

Sin embargo, este descontrol ha generado una distorsión económica. Las municipalidades distritales colocan multas mayores a las establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Esto sucede porque no solo sancionan la infracción, además cobran por el traslado del coche y por cada día que se queda en el depósito. Los que más pierden en este descontrol son los conductores.


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