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Minera Solex del Perú reconoce que no tiene autorización para operar

Representante de minera señala que buscan un diálogo franco con otras comunidades.
Representante de minera señala que buscan un diálogo franco con otras comunidades. | Fuente: Rpp | Fotógrafo: Zenaida Zea

Responsable de relaciones comunitarias de la empresa señaló que de las 24 comunidades de Orurillo sólo se tiene la licencia social de una.

Tras conflicto desatado entre pobladores del distrito de Orurillo, provincias de Melgar (región Puno) y la minera Solex del Perú, representantes de la referida reconocieron que no cuentan con ningún tipo de autorización labor alguna en el proyecto minero La Poderosa, ex Huacoto.

En diálogo con la Rotativa Regional de Rpp Noticias, Jaime Consiglieri Flores, responsable de relaciones comunitarias de la empresa minera Solex del Perú, señaló que de las 24 comunidades campesinas que conforman el distrito solo tienen la licencia social de una.

“Contamos en primer lugar con la autorización por escritura pública de la comunidad de Santa Cruz de Orurillo para poder en un futuro realizar trabajos de exploración”, dijo Consiglieri Flores, explicando que también buscan establecer una comunicación franca y sincera al respecto.

Dijo que la visita inopinada que realizó a la zona la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) en compañía de algunos dirigentes, mencionó que en ésta solo se halló trabajos de remediación de vías de para llegar al campamento Poderosa, y no trabajos de exploración como se denunció.

“Nosotros hemos presentado ante la DREM la declaratoria de impacto ambiental y dentro de las observaciones no pedían este requisito”, acotó recordando que tiene la autorización de la comunidad Santa Cruz de Orurillo porque allí se desarrollaría el proyecto.

Consiglieri Flores considera necesarias las autorizaciones para hacer los trabajos de exploración para así poder determinar cuántas toneladas de mineral se extraerán y si estarán considerados dentro de la mediana o gran minería.

Por su parte, Cesar Quispe Calsín, asesor legal de los pobladores de Orurillo, recordó que son 23 comunidades que no quieren ningún tipo de actividad minera en la zona porque estas podrían afectar la agricultura y ganadería de la que subsisten.

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