Defensora del Pueblo dijo en RPP que el Ejecutivo debe duplicar las mesas de diálogo y que la empresa privada tiene que comunicar beneficios de las inversiones a desarrollar.
"Al día de hoy sólo hay 34 (personas) que están en establecimientos penitenciarios. Esto también significa entonces que este delito no está siendo sancionado como tal y esto mueve también una reflexión de las autoridades autónomas competentes como son el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto del tratamiento que se le está dando", aseguró.
Dese Arequipa, Merino Lucero mostró su confianza de llegar a un buen acuerdo con un grupo de pobladores que mantiene bloqueado un tramo de la carretera Panamericana Sur, en la zona de Islay, en contra del proyecto Tía María.
Recordó que la toma de carreteras es un delito pero lamentablemente no está sancionado como tal por las autoridades que deben tomar acción inmediata de este hecho.
"Hay una tarea pendiente prácticamente para todos por un lado para el Poder Ejecutivo duplicando el número de mesas de diálogo y también sectorizando como ha hecho este nuevo primer ministro todo el tratamiento de los conflictos y por otro yo creo que la empresa privada tiene que hacer un esfuerzo mayor en divulgar y en comunicar los beneficios de la inversión en la que se van a desarrollar", continuó.
Informó que el conflicto que se vive en Islay, a raíz del proyecto de Tía María ha sido reportado por la Defensoría del Pueblo en agosto del año 2009.
"Con los pocos recursos que tiene la Defensoría del Pueblo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo ahora mismo, estamos viniendo ahora con una tarea humanitaria y con una vocación de diálogo que esperamos pueda colaborar con las demás autoridades que ya están presentes en la zona y las autoridades nacionales y regionales para tratar de resolver este conflicto. Estamos haciendo todo lo que está a nuestra mano sobre todo para evitar dolor a las familias de Islay porque ya sabemos que la vida es un valor superior, no quisiéramos ninguno de nosotros tener que lamentar heridos, fallecidos por conflictos sociales que no deben ser considerados como un costo de los mismos", aseguró.
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