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por Redacción RPP
·El titular de Defensa señaló que las normas, entre las que se encuentra el polémico decreto, se basaron en ´consideraciones de orden del derecho internacional y nacional´.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, negó hoy que las últimos decretos emitidos por el Gobierno relativas a las fuerzas militares y policiales busquen la impunidad de los violadores a los derechos humanos y remarcó que se ajustan a la normativa legal vigente en su país.
En una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima, Rey señaló que las normas, entre las que se encuentran el polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, se basaron en "consideraciones de orden del derecho internacional y nacional".
El decreto 1097 fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales y señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
El decreto es duramente criticado porque puede permitir que militares y policías implicados en graves crímenes durante la guerra interna peruana (1980 y 2000) no sean procesados y sentenciados.
Al respecto, Rey enfatizó hoy que Perú se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad con la "condición expresa" de que sólo entraba en vigencia a fines de 2003.
"La voluntad del Perú es clarísima", remarcó al señalar que las Naciones Unidas reconocieron esto en el apartado de declaraciones y reservas de los países que se sumaron a la convención.
"Me alegro de haber podido traer la sensatez y la concreción a la voluntad del Gobierno peruano", indicó tras reiterar que las nuevas normas sólo implementan decisiones tomadas con antelación.
Rey, que mantiene un abierto enfrentamiento con las organizaciones de derechos humanos, señaló que "comprende" que estas rechacen las normas, pero enfatizó que "esa es la realidad".
"Esta es la voluntad expresa del Estado peruano", acotó tras decir que si la norma se hubiera emitido antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hubiera declarado imprescriptibles las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
Precisamente, más de una veintena de integrantes de ese destacamento y otros altos jefes militares juzgados por la matanza de Barrios Altos pidieron ayer el sobreseimiento de sus juicios acogiéndose al decreto 1097.
Algunas organizaciones civiles han señalado que incluso el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad (que incluye la matanza de Barrios Altos), podría beneficiarse y abandonar definitivamente la prisión.
Al respecto, Rey remarcó que no puede ser aplicada a Fujimori, porque sólo es para militares y policías, y porque el ex gobernante no fue condenado específicamente por delitos de lesa humanidad.
"Esto es aplicable para los policías y militares en actividad y en retiro", señaló para luego pedir a los críticos de las normas "que no hagan demagogia".
"Yo no he hecho esto pensando ni remotamente en el grupo Colina, la mayor parte de los Colina ya están condenados", aseguró para luego decir que la mayoría de los artículos de las normas entrarán en plena vigencia a finales de 2012.
Por otra parte, dijo que el objetivo del nuevo Código de Justicia Militar Policial, otra de las normas emitidas, es adecuar estas leyes "a la sentencias últimas del Tribunal Constitucional".
Además, que la normativa sobre el empleo de la fuerza ha buscado tener "una legislación clara, sobre lo que puedan y no puedan hacer" las fuerzas de seguridad.
"La intención es proteger a los defensores nuestros", aseguró para luego decir que muchos militares y policías "están perseguidos, procesados e investigados durante años".
A pesar de ello, Rey pidió que a aquellos militares que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos "se les juzgue y se les condene si hay motivo". EFE
En una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima, Rey señaló que las normas, entre las que se encuentran el polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, se basaron en "consideraciones de orden del derecho internacional y nacional".
El decreto 1097 fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales y señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
El decreto es duramente criticado porque puede permitir que militares y policías implicados en graves crímenes durante la guerra interna peruana (1980 y 2000) no sean procesados y sentenciados.
Al respecto, Rey enfatizó hoy que Perú se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad con la "condición expresa" de que sólo entraba en vigencia a fines de 2003.
"La voluntad del Perú es clarísima", remarcó al señalar que las Naciones Unidas reconocieron esto en el apartado de declaraciones y reservas de los países que se sumaron a la convención.
"Me alegro de haber podido traer la sensatez y la concreción a la voluntad del Gobierno peruano", indicó tras reiterar que las nuevas normas sólo implementan decisiones tomadas con antelación.
Rey, que mantiene un abierto enfrentamiento con las organizaciones de derechos humanos, señaló que "comprende" que estas rechacen las normas, pero enfatizó que "esa es la realidad".
"Esta es la voluntad expresa del Estado peruano", acotó tras decir que si la norma se hubiera emitido antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hubiera declarado imprescriptibles las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
Precisamente, más de una veintena de integrantes de ese destacamento y otros altos jefes militares juzgados por la matanza de Barrios Altos pidieron ayer el sobreseimiento de sus juicios acogiéndose al decreto 1097.
Algunas organizaciones civiles han señalado que incluso el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad (que incluye la matanza de Barrios Altos), podría beneficiarse y abandonar definitivamente la prisión.
Al respecto, Rey remarcó que no puede ser aplicada a Fujimori, porque sólo es para militares y policías, y porque el ex gobernante no fue condenado específicamente por delitos de lesa humanidad.
"Esto es aplicable para los policías y militares en actividad y en retiro", señaló para luego pedir a los críticos de las normas "que no hagan demagogia".
"Yo no he hecho esto pensando ni remotamente en el grupo Colina, la mayor parte de los Colina ya están condenados", aseguró para luego decir que la mayoría de los artículos de las normas entrarán en plena vigencia a finales de 2012.
Por otra parte, dijo que el objetivo del nuevo Código de Justicia Militar Policial, otra de las normas emitidas, es adecuar estas leyes "a la sentencias últimas del Tribunal Constitucional".
Además, que la normativa sobre el empleo de la fuerza ha buscado tener "una legislación clara, sobre lo que puedan y no puedan hacer" las fuerzas de seguridad.
"La intención es proteger a los defensores nuestros", aseguró para luego decir que muchos militares y policías "están perseguidos, procesados e investigados durante años".
A pesar de ello, Rey pidió que a aquellos militares que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos "se les juzgue y se les condene si hay motivo". EFE
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