¿Por qué la Procuraduría pide que se investigue a PPK y a Vizcarra?

La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, pidió al Ministerio Público investigar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por supuestos depósitos de la empresa brasileña Odebrecht a compañías de su entorno. Además, la Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Amado Enco, pidió incluir al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en la investigación de la Fiscalía por la licitación del aeropuerto de Chinchero.

Aquí las claves de estos casos que complica la situación del Ejecutivo.

1. La investigación a PPK

De acuerdo al diario Correo, la procuradora Katherine Ampuero envió un oficio al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que investigue a Kuczynski. ¿La razón? Ella asegura que el  presidente aparece en una lista de "69 nombres que registran operaciones sospechosas en sus cuentas", según la Nota de Inteligencia N° 0079.

También se adjuntó el reportaje del portal La Mira TV titulado Corrupción en el Perú, en el cual se afirma que la empresa Odebrecht Latinvest Perú realizó aportes a Latin America Enterprise, una firma ligada al mandatario.

Según el diario, la procuradora además envió un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encontró aportes de Odebrecht a diversos candidatos durante la campaña electoral del 2016, entre los que estaría PPK.

2. La investigación a Martín Vizcarra.

Esta semana, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, abrió una investigación preliminar por la concesión del aeropuerto de Chinchero. Los funcionarios de Proinversión que integraron el comité que realizó la licitación son investigados por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

El viernes, la Procuraduría Anticorrupción pidió incluir como investigados a Martín Vizcarra, a la viceministra Fiorella Molinelli y a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente del consorcio Kuntur Wasi.

Enco explicó a El Comercio que la suscripción de la adenda habría favorecido a la empresa, en detrimento de los del Estado. Además, comentó que según la evidencia Kutur Wasi no tenía el capital suficiente para realizar la obra y que en vez de firmar la adenda, el Ministerio de Transporte debió sin efecto el contrato y realizar una nueva licitación.