Denuncia de Salaverry contra Sánchez no tiene sustento, según especialistas

El conflicto entre los poderes del Estado se ha acentuado en los últimos días. El más reciente episodio es el de la denuncia constitucional presentada por el congresista fujimorista Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Este documento, que se basa en una supuesta omisión de funciones frente al caso Lava Jato, ha pasado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento con el respaldo de la bancada de Fuerza Popular.

Este sábado, en el programa Enfoque de los Sábados de RPP Noticias, cuatro profesionales del Derecho dieron sus puntos de vista. Las opiniones coinciden en que el caso alimenta la crisis institucional en el país y que una eventual acusación contra el magistrado Sánchez no tendría mayor razonabilidad ni explicación jurídica.

¿Omisión de funciones? Para Enrique Bernales, la democracia se encuentra en peligro. “Lo que ha sucedido esta semana ha sido una pelea de barrio, donde quien está perdiendo es la democracia porque la democracia es confianza, es credibilidad, es respeto a las instituciones. Estoy preocupado y lo digo a partir de mi experiencia”. El doctor en Derecho Constitucional también sostuvo que la situación evidencia que el modelo de Congreso unicameral no está funcionando. “Este Congreso unicameral es la negación del Senado de lujo que se tenía anteriormente. ¿Qué argumento de peso tiene la gente para creerle? La gente busca liderazgos alternativos a los políticos y esa es una crisis grave. Es necesaria una recuperación de la seriedad”.

El profesor de Derecho Constitucional de la PUCP, Aníbal Quiroga, también consideró que la denuncia contra Sánchez no tiene ningún sentido. “No tiene ni pies ni cabeza. Sustentar una denuncia contra el fiscal de la Nación porque tiene baja popularidad es un búmeran, ¿no? El propio fiscal ha contestado una entrevista donde dice que (con ese argumento) habría que denunciar también al Congreso por tener inclusive menos popularidad que la Fiscalía de la Nación. El tema importante es que el fiscal de la Nación no es jefe de un Ejército. (…) Los fiscales provinciales, los superiores y los propios fiscales supremos que tienen mandato jurisdiccional son autónomos”.

Crisis política. Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la USMP, Joseph Campos, explicó las posibles motivaciones de la denuncia. “Estamos frente a una crisis política que aún no se establece de manera clara. Ciertamente, la democracia está en un problema generado por una mayoría que está evidenciando que no tiene detrás de sí más que un interés de provocar una tensión con el modelo constitucional”. Además, señaló que el fiscal de la Nación ha cumplido con su deber al no entrometerse en las investigaciones desarrolladas por otros fiscales de menor rango. “Lo que se dice como infracción es lo que está plenamente vedado al fiscal de la Nación. Cuando él ostenta el cargo de fiscal de la Nación se vuelve fiscal hasta de lo investigado. Claramente, dos artículos de la Constitución dicen que los fiscales no pueden recomendar ni dejarse recomendar por la investigación que ellos están desarrollando”.

Sin embargo, el abogado Fernán Altuve tuvo un enfoque más político respecto del caso, aunque se mostró de acuerdo en que la denuncia no necesariamente tiene sustento jurídico. “Hay un problema político fundamental y es que estamos a casi un año del escándalo del caso Lava Jato y en el Perú no ha pasado nada. En el Perú se le está pasando la culpa y la factura a los posibles corrompidos y se  omite a los potenciales o posibles corruptores. (…) Eso es un escándalo y es un escándalo que el Congreso está utilizando políticamente bien. Si lo hace constitucional o jurídicamente bien, eso es discutible”.