Salomón Lerner dijo que aportó 300 mil soles a la campaña del No a la revocatoria

El expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, confirmó ante la comisión Lava Jato del Congreso que realizó un aporte a la campaña del No a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán. Esta tarde, el empresario se presenta ante la comisión investigadora para responder sobre la contratación del publicista Luis Favre.

“En total 300 mil soles es lo que yo he aportado a la campaña (del No) en cuadros, en spot publicitario y en el grupo ‘Amigos de Lima Metropolitana”, dijo Lerner Ghitis en el Congreso. “Con respecto al señor Luis Favre, no he tenido ningún conocimiento del contrato ni de la cantidad ni he dado ninguna suma para contratar al señor Favre”.

De acuerdo a la exvocera del No, Anel Townsend, fue Lerner Ghitis quien sugirió la contratación del publicista brasileño Luis Favre. Además el premier responde por el origen de los fondos a la campaña proselitista a favor de la exalcaldesa.

El antecedente

Susana Villarán es investigada por el Ministerio Público por un supuesto financiamiento de la constructora OAS y Odebrecht a la campaña del No a la revocatoria. De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, a cambio del aporte de 3 millones de dólares a la campaña, la Municipalidad de Lima benefició a Odebrecht y OAS en los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla.

El 5 de febrero de 2013, un mes antes de votar la revocatoria, la gestión Villarán firmó con Odebrecht un contrato por 499 millones de dólares para la rehabilitación de la infraestructura vial de la Panamericana Norte, Panamerica Sur y la autopista Ramiro Prialé. Una de las principales críticas al proyecto fue que la Municipalidad permitió que se cobrara el peaje antes de que se terminaran las obras.

El 13 de febrero del 2013, la administración de Villarán firmó una adenda con OAS en la que autorizó la ampliación de la concesión de los peajes de Línea Amarilla de 30 a 40 años. De acuerdo al abogado penalista Carlos Caro, esta acción puede ser vista por la Fiscalía “como un delito de lavado de activos”.