Letona dijo que nueva superintendencia registrará y supervisará cooperativas desde enero de 2019

La parlamentaria de Fuerza Popular, Úrsula Letona, se pronunció este miércoles sobre la aprobación de la ley que faculta a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) supervisar las cooperativas de ahorro y crédito del país.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, la legisladora explicó que con esta medida la supervisión y registro de cooperativas iniciará el 1 de enero de 2019 y no en 2025. Además, resaltó que se haya aprobado la ley por unanimidad y que las ocho modificaciones que presentó Fuerza Popular se hayan incluido.

“Finalmente tenemos una superintendencia adjunta que se va a encargar en base al principio de especialidad de supervisar a las cooperativas. La aplicación será inmediata desde la aprobación de la ley (…) va a ser el Estado, la SBS en realidad a través de esta superintendencia adjunta, que va a poder firmar convenios o contratar colaboradores técnicos para realizar la supervisión”, comentó.

Capacidad de nueva superintendencia

Respecto de las facultades de esta nueva superintendencia, la congresista dijo que contará con capacidad normativa y regulatoria a fin de que emita y proponga sus propios dictámenes, algo que no podría realizar si solo fuera una intendencia.

“Esta nueva superintendencia adjunta tiene capacidad normativa y regulatoria para que pueda emitir y proponer los dictámenes de viabilidad. Siendo una intendencia, las competencias se veían disminuidas y se ejercían en forma compartida, por ejemplo, con otras intendencias que no tienen la especialidad que esta intendencia va a generar”.

Aprobación por unanimidad

Con 96 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el Congreso de la República aprobó este miércoles la ley que faculta a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que supervise a las cooperativas de ahorro y crédito del país.

El dictamen fue exonerado de una segunda votación y ahora deberá ser observado o promulgado por el Gobierno. Esta mañana el presidente Martín Vizcarra expresó su respaldo al proyecto como un mecanismo de lucha contra el levado de activos y la informalidad.