Hay 114 conflictos sociales en Perú sin resolver desde hace una década

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en octubre se contaron 154 conflictos activos.

Comuneros de Quehuira. Una de las primeras comunidades en ir al paro en Cotabambas, en octubre 2016. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemí Mamani

En la protesta de mediado de octubre por la operación de la mina Las Bambas, la población de la provincia de Cotabambas (Apurímac) reclamó que no se haya construido un mineroducto que evite la contaminación por el traslado de minerales. Actualmente el mineral es transportado por cientos de camiones, que levantan un polvo tóxico y aumenta el riesgo de contaminación ambiental. Además, exigen la creación de una planta para el tratamiento del molibdeno que es usado en la fabricación de aceros. 

Pero este conflicto socioambiental, como la mayoría de conflictos en Perú, no es nuevo. Ha sido registrado por los informes de Defensoría del Pueblo desde el año 2005. En la siguiente cronología se puede observar que durante estos 11 años las mesas de diálogo, los paros, y las protestas con muertos y heridos se han repetido. En septiembre del 2015 el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía dejó 3 muertos y 15 heridos. Se declaró el estado de emergencia por 30 días. A raíz de esto también se creó una mesa de diálogo que ha sido aparentemente insuficiente. 

Durante todo el tiempo que está activo este conflicto los ciudadanos de Cotabambas hicieron saber en repetidas ocasiones su desacuerdo y su voluntad de dialogar. Reclamaron, por ejemplo, que no se haya tomado en cuenta a sus representantes en la contratación de mano de obra para la ejecución del proyecto. También reprocharon al estado no haber realizado una consulta ciudadana antes de modificar el estudio de impacto ambiental (estudio técnico que permite identificar y prevenir los impactos ambientales que serán producidos por la ejecución de una actividad humana).

“Las Bambas no es un conflicto donde la población se esté oponiendo al proyecto minero, es más bien un conflicto de convivencia, de coexistencia. (…) Lo que está diciendo la población es que si la minería va coexistir en los próximos 20 o 30 años, bueno pues pongámonos de acuerdo y hablemos de temas sociales, culturales, ambientales y también de aspectos económicos.”, explica José De Echave, investigador de la ONG Cooperacción.

La Defensoría del Pueblo categoriza de la siguiente manera los diferentes momentos de un conflicto social:  Fase temprana: las personas hacen público un desacuerdo. /  Escalamiento: aumentan las acciones de violencia física directa y el diálogo se hace tenso. / Crísis: aumentan los actos violentos. / Desescalamiento: disminuye la violencia.
 


Conflictos sin resolver desde hace 11 años

Las Bambas no es el único conflicto social que el Estado no ha resuelto tras tantos años. Los 154 conflictos activos que la Defensoría ha detectado en octubre 2016 no son recientes, ya que 114 de ellos fueron considerados como activos por la institución desde el inicio del monitoreo de dicha institución en abril 2004. Si bien no existen datos por parte de la Defensoría en los años anteriores, esto no significa que no hubieron conflictos en el pasado.  ​

“Estamos hablando de una debilidad del Estado, de una ausencia, de una falta de política del Estado. Es decir no hay una capacidad desde el Estado de prevenir los conflictos y por eso se reacciona tarde, mal, o nunca y siempre, casi, y ese es el denominador común, cuando el conflicto estalló (…) Hay una estrategia de bombero que busca apagar el fuego y muchas veces y por lo general lo hace mal”, analiza José de Echave, investigador de la ONG Cooperacción. 

El caso de Espinar, en Cusco, fue registrado por primera vez por la Defensoría en mayo 2005. En 2012, tres personas de la región fallecieron durante un paro en el que los manifestantes reclamaban aumentar los beneficios anuales que recibiría la región por parte de la empresa. Hoy, los ciudadanos denuncian los impactos de la contaminación en la salud y en el ambiente. 

En 2010 los ciudadanos de la provincia de Celendín protestaban contra el proyecto Conga de la minera Yanacocha: pedían al Estado estar incorporados en el estudio de impacto ambiental como área de influencia. Dos años después, en 2012, fallecieron 5 personas durante una manifestación.

“(Los costos de los conflictos sociales) son costos que están ligados a la debilidad de la institucionalidad y a la falta de un sistema y un enfoque claro para abordar conflictos que inevitablemente se van a producir cuando hay intereses distintos y relaciones asimétricas. Las inversiones no se producen en territorios vacíos, se producen en territorios donde hay gente”, explica Eduardo Ballón, investigador de Desco especializado en conflictos sociales.

264 personas fallecieron en protestas entre 2006 y 2015

RPP Data elaboró este mapa interactivo en el que se observan las regiones en las que se registraron más conflictos activos (entre 2004 y 2015) y durante los que fallecieron más personas (entre 2011 y 2015).

En Arequipa, Cusco, Apurímac, Lima Metropolitana, Piura, Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios, entre septiembre del 2011 y 2015, el total de fallecidos alcanza los 52.

Cajamarca es una de las regiones en las que más peruanos fallecieron durante una protesta, con 5 fallecidos en 2012, justamente durante la manifestación contra el proyecto minero Conga. Entre 2006 y 2015, 264 peruanos, tanto civiles como miembros de la Policía nacional, fallecieron durante el transcurso de conflictos sociales.


Por ejemplo, Áncash es la región con más conflictos activos registrados el 2011, 2012 y 2013. Apurímac es la segunda región con más conflictos sociales activos el 2015.

Las manifestaciones y la huelga por los derrames de petróleo en la Amazonía, la protesta contra el alcalde en Curimaná en Ucayali o el reciente paro la carretera Andahuaylas-Ayacucho son algunos de los últimos conflictos que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tenido que atender.

Sin embargo, el Estado parece haber reaccionado tarde. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo de octubre 2016, 68 ciudadanos fueron heridos y 4 personas murieron durante protestas que acabaron en hechos violentos.

Metodología: Para la elaboración de la evolución de los conflictos sociales entre 2004 y 2015 se revisaron los conflictos sociales considerados activos por la Defensoría del Pueblo en esas fechas, una de las categorías que tiene la institución para recoger los casos en el Perú. Se creó un archivo de Excel en el que se contabilizaron todos los conflictos por lo menos una vez activos durante cada año. Los conflictos pueden aparecer en más de una región ya que algunos son categorizados como "multiregionales". Los conflictos que eran categorizados como "nacional" no se contabilizaron por no tener la ubicación precisada. 

Cronología elaborada con: Caso Las Bambas, Informe especial 2015, ONG Cooperacción; Informes de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo; MMG Limited - Las Bambas; La República.

Redacción: Audrey Cordova/ Análisis de datos: Rocío Romero y Audrey Cordova / Diseño: Ivon Schmitt / Desarrollo: José Luis Yanayaco y Walter Venegas / Edición: Eugenia Guevara.

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