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El costo de crecer sin Estado

¿Qué tan complacientes debimos ser por haber sido el país de Sudamérica con mayor crecimiento del PBI en el 2019? La comparación simple del crecimiento del PBI entre países es totalmente inadecuada.

La Ministra de Economía, María Antonieta Alva, manifestó hace unas semanas que “el Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y entre los últimos en manejo de instituciones y calidad de los servicios públicos”; y agregó que “hay que pensar en un crecimiento que genere una sociedad más justa”. Ambas afirmaciones son correctas y aunque es importante el reconocimiento, el tema es cómo resolverlo pues claramente no depende del MEF sino de un enfoque de Estado más que sólo de gobierno.

En lo que va del siglo XXI, nuestras autoridades nos hicieron creer que era suficiente con sólo crecer; un presidente nos habló del “chorreo” o crecer para “distribuir lo que queda” y otro diseñó programas sociales para la “inclusión social”. Ninguno fue claro en cómo convertir “cantidad de crecimiento” en “calidad del crecimiento”.

Lo lamentable es que no necesitábamos una crisis como la actual para advertir de las enormes deficiencias que ahora nos dicen “te lo dije”; nos creímos lo del “milagro económico”. El crecimiento promedio real del PBI entre el 2001 y 2013 fue de 6,1%, pero pasamos a crecer en promedio entre el 2014 y 2018 a solo 3,3%. Año tras año hemos tolerado una informalidad laboral que ahora llega al 70%, un 20% de hogares bajo la línea de pobreza, estancamiento en los niveles de competitividad global (especialmente por la debilidad institucional), baja productividad laboral en comparación a países de la región, una gran desigualdad de ingresos (Gini 0,47) y peor aún con nula variación después de la acción de la política fiscal, y finalmente, enorme desigualdad de oportunidades, a pesar de 20 años de descentralización. Nada de esto es gratuito sino más bien el resultado de al menos dos décadas de prioridades postergadas y de una institucionalidad que favorece el corto plazo y perpetúa los privilegios de aquellos con más influencia en las decisiones públicas; búsqueda de rentas.

¿Qué tan complacientes debimos ser por haber sido el país de Sudamérica con mayor crecimiento del PBI en el 2019? La comparación simple del crecimiento del PBI entre países es totalmente inadecuada. Siempre debimos compararnos en términos de PBI per cápita, así como de brechas sociales. Claramente crecer más de lo que creció Chile no es suficiente tranquilidad pues lo que importa siempre es a qué ritmo debemos crecer para reducir la distancia que nos separa de otros países que nos superan en desarrollo. Antes de la pandemia, si hubiéramos sostenido un crecimiento anual de 6%, en 20 años habríamos alcanzado el PBI per cápita de Corea del Sur del 2010.

| Fuente: Andina

¿Cómo lograr que ahora si se inicie la solución de los problemas estructurales que por décadas estuvimos tolerando y que simplemente dejamos empeorar? Si una madre tiene el impulso natural de sacar adelante a toda costa a sus hijos, para mejorar su calidad de vida futura, especialmente si alguno tiene alguna desventaja o discapacidad, ¿por qué parece que a nuestras autoridades no les preocupa el bienestar futuro de los peruanos? Simple, porque autoridades han debilitado al Estado y conducen con “luces bajas”; sus incentivos institucionales no penalizan la ineficacia ni la ineficiencia.

¿Qué fuerzas se requieren para que tanto Ejecutivo como Legislativo se orienten en una ruta estratégica por mejor calidad de vida de las nuevas generaciones de peruanos? Mi apreciación es que debemos cubrir dos frentes: i) el Ejecutivo debe lanzar el trabajo participativo de reformulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), e ii) introducir la función de participación y control social de una ciudadanía organizada apoyada en la academia y medios de comunicación. Esta función debe entenderse como la potestad de la ciudadanía, de participar en la formulación de políticas públicas y control a la gestión de las instituciones del Estado que administran recursos públicos. Se fortalece así una democracia participativa y deliberativa que a la fecha es sólo un sistema político en la forma más no en el fondo.

Sólo con un PEDN podremos detener esfuerzos reactivos y populistas de parte tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues es la única forma de establecer una ruta estratégica para llevar al país hacia un nivel de desarrollo futuro deseado; conducir con “luces altas”. A su vez, los mecanismos de participación y control social permitirán advertir oportunamente los desvíos de dicha ruta, así como de la lentitud en recorrerla; ciudadanía comprometida. Este nuevo enfoque de control social debe advertir que el desvío de la ruta planteada, así como la demora, implicarán costos en términos de oportunidades por lo que deben evitarse o ser asumidos por quienes toman las decisiones; una potenciada “rendición de cuentas”. A la fecha, cualquier decisión del Ejecutivo o proyectos de Ley del Congreso tienen el mismo valor (incluyendo negativo o nulo) pues no hay explícitamente una ruta con qué compararla; el costo de oportunidad en la mente de quienes deciden se vuelve nulo, pero no es realmente así.

El Bicentenario de nuestra independencia y la post-pandemia deben ser la oportunidad de oro para propiciar un nuevo vínculo Estado-ciudadanía-empresa más propositivo y de mayor confianza, alrededor de una única visión de país o en una única dirección. La corrupción y la informalidad son los más graves lastres para reconstituir este nuevo acuerdo pues refuerzan un círculo vicioso de desconfianza en que los privilegios individuales o grupales se anteponen al bienestar colectivo. Asimismo, se sigue fortaleciendo una cultura de incumplimiento y evasión; cada uno “baila con su pañuelo” y es la realidad de la vulnerabilidad desatendida; no necesito al Estado.

Los peruanos que están naciendo sólo tendrán mejores y más justas oportunidades si los actuales adultos podemos dejar de lado nuestros egoísmos y privilegios y articular un compromiso al desarrollo basado en más evidencia y menos atrevida intuición; todo lo contrario, a legislar por el “clamor popular”. ¿Qué pasaría si este esfuerzo se ve ayudado con la designación de un “parlamento deliberativo” conformado por un grupo representativo de peruanos que sirva de un real contrapeso del parlamento oficial?

 

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.
Marcel Ramírez

Marcel Ramírez Economista

Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Economista. Consultor en política fiscal y tributaria, gestión pública, análisis económico, reforma del Estado, entre otros.

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