¿Sí o no a la reforma política? Pero ¿y el debate?

En diciembre del 2018, la voluntad de la mayoría de los peruanos respaldó vía referéndum la reforma política planteada por el Poder Ejecutivo. Días después, el presidente de dicho órgano anunció la creación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presidida por el politólogo Fernando Tuesta, comisión que se encargó de proveer el fundamento teórico a los proyectos de ley, doce en total, que el Ejecutivo hizo llegar al Congreso de la República hace más de cuarenta días. En el Poder Legislativo, sin embargo, el debate aún no ha tenido lugar con la urgencia y amplitud que este requiere.

La llamada Comisión de Constitución, presidida por la congresista Rosa Bartra, con los votos de las agrupaciones políticas de Fuerza Popular, APRA, Alianza para el Progreso y Acción Popular decidió archivar y, con esto, evitar el debate en el pleno del Congreso de la propuesta del proyecto de ley que tiene como objeto modificar el artículo 39 de la Constitución referido a la inmunidad parlamentaria.

Frente a este proceder, si bien hay quienes señalan que el archivamiento responde a una defensa de la independencia del Poder Legislativo, toda vez que la modificación proponía que la decisión de levantar la inmunidad parlamentaria recayera en el Poder Judicial y no en una comisión del Congreso, del mismo modo se debe decir que el archivamiento no puede considerase una defensa del órgano de poder ni mucho menos una exposición de razones. Esto es así porque el argumento de muchos opositores a la reforma, en alguna medida, tiene un fundamento personal. Este parece ser el caso de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, para quien “el actual Congreso, con mayoría de Fuerza Popular, presenta las mejores estadísticas de inmunidad parlamentaria”. Es decir, se discuten temas de interés de la nación, una vez más, en términos de prerrogativas personales y no se entiende los órganos de poder como instituciones. Ahora bien, si acaso las modificaciones legales propuestas tuvieran algún fin político encubierto, no queda claro quiénes serían los beneficiados estando este gobierno a poco más o menos de dos años para culminar y sin reelección posible.

De otro lado, además de esta posible defensa personal de algunos miembros de este Congreso que puede significar el archivamiento del proyecto de ley, la Comisión de Constitución ha evitado lo que todos los peruanos merecemos, un debate de amplio alcance. Si bien queda ya en la historia griega los debates ciudadanos directos, por lo menos se esperaba que el pleno del Congreso, con sus 130 miembros, nos representaran en un encuentro de opiniones para mejorar, replantear o rechazar las reformas políticas. Sin embargo, no hemos tenido el casi idílico debate ciudadano ni tampoco una sesión plenaria, sino a diecinueve congresistas (y sin unanimidad, quienes se escucharon por poco más de tres horas) que decidieron que el debate no valía la pena.

El proyecto de ley fue archivado la tarde del jueves 16 de mayo por la Comisión de Constitución. Previendo este escenario, horas antes, el presidente del Ejecutivo se apersonó al Congreso de la República para informar en un documento que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia no participarían de la sesión de dicha comisión. En palabras de Salvador del Solar, las ausencias fueron una “expresión de protesta”, que para algunos congresistas fue muestra de “un intento de dictadura”. En medio de los encuentros políticos que protagonizan el Congreso de la República y el Ejecutivo, queda espacio para preguntarse ¿Dónde quedó el debate amplio que debiera sostener y legitimar la aprobación o el rechazo de los proyectos de ley? Una negación, por supuesto, también puede sostenerse con razones.