La universidad inglesa contra los monopolios editoriales

En el ecosistema universitario global, la reciente decisión de las universidades de Kent y Essex de no renovar sus acuerdos con Elsevier representa un punto de inflexión necesario. No estamos ante un evento aislado, sino frente a la respuesta institucional a una presión financiera que se ha vuelto insostenible. Según reportó Jack Grove en Times Higher Education, estas instituciones han optado por retirarse del acuerdo nacional a pesar de las intensas negociaciones lideradas por el JISC, durante nueve meses. El trasfondo es una disonancia ética innegable: las universidades financian la investigación, los académicos realizan el arbitraje de pares de forma gratuita y, finalmente, las bibliotecas deben recomprar ese mismo contenido a precios exorbitantes. Esta estructura de "doble facturación" ha llegado a un límite presupuestario que obliga a las autoridades universitarias a elegir entre la estabilidad de sus planillas o el pago de suscripciones que benefician, principalmente, a los accionistas de grandes corporaciones editoriales.

Para comprender la magnitud de este paso, es imperativo entender el rol de JISC (Joint Information Systems Committee), el brazo tecnológico que negocia en nombre del sector académico británico. Históricamente, JISC ha intentado consolidar el poder de compra de las universidades para obtener "acuerdos transformativos" que faciliten la transición hacia el acceso abierto. Sin embargo, el hecho de que universidades de investigación de primer nivel decidan operar fuera de este paraguas institucional indica que el modelo de bloques de negociación está agotado. Como señalan los bibliotecarios universitarios en los comunicados de Essex, el problema ya no es solo el costo, sino la falta de transparencia y flexibilidad de contratos que imponen paquetes cerrados de revistas. Al recuperar su autonomía negociadora, estas universidades están ejerciendo una soberanía técnica que cuestiona la utilidad de los intermediarios que, en lugar de facilitar la ciencia, administran su escasez mediante muros de pago.

El argumento económico, aunque central, es solo la superficie de una crisis más profunda sobre la sostenibilidad del acceso abierto. Los modelos "Read and Publish" han intentado disfrazar la continuidad del negocio editorial mediante los cargos por procesamiento de artículos (APC). En la práctica, esto solo ha trasladado la barrera del lector al autor, creando una nueva forma de exclusión. Universidades como Kent han confirmado que redirigirán los fondos antes destinados a Elsevier para apoyar directamente el acceso abierto diamante y el pago selectivo de APC, diversificando su inversión científica. Esta maniobra rompe el monopolio de las métricas impuestas por las editoriales y permite que el dinero de los contribuyentes regrese al sistema académico en forma de infraestructura propia, fortaleciendo una visión de la ciencia como un bien público y no como una mercancía de acceso restringido.

Una de las consecuencias más positivas de esta ruptura es la revalorización de los sistemas alternativos de circulación del saber. Experiencias previas en instituciones como Sheffield, Surrey y York han demostrado que la producción académica no se detiene cuando desaparece la suscripción directa. Gracias a la madurez de los repositorios de pre-prints y a la eficiencia del préstamo interbibliotecario —que hoy garantiza entregas en tiempos menores a treinta minutos— el mito de la "necesidad absoluta" de las grandes plataformas comerciales se ha desmoronado. Al desmitificar el valor de la suscripción inmediata, las universidades recuperan su capacidad de curaduría y fomentan el uso de herramientas legales de acceso abierto, construyendo redes de apoyo mutuo que son mucho más resilientes que los contratos leoninos de las editoriales tradicionales.

Desde nuestra realidad en América Latina, donde plataformas como SciELO han sido pioneras en modelos de acceso abierto no comerciales, la lección británica es especialmente relevante. La soberanía universitaria implica reconocer que el prestigio científico no puede seguir secuestrado por algoritmos de empresas privadas que priorizan el dividendo sobre el descubrimiento. Al desvincularse de estos paquetes comerciales, las instituciones recuperan la potestad de decidir en qué circuitos quieren que su conocimiento tenga impacto. Esto abre la puerta a valorar circuitos de publicación regionales y editoriales universitarias que, aunque a menudo son marginadas por los índices controlados por las editoriales, poseen una densidad intelectual y una relevancia social mucho más profunda para las comunidades que las financian.

El futuro de la comunicación científica parece dirigirse hacia una saludable fragmentación del poder editorial. La salida de estas universidades obligará al mercado a replantear sus estructuras de costos y a ofrecer servicios que realmente aporten un valor agregado tangible. Estamos presenciando el retorno de la biblioteca como un agente activo de gestión del conocimiento y no como un simple departamento de cuentas por pagar. Esta ruptura es, en última instancia, un acto de libertad intelectual que nos invita a imaginar un ecosistema donde la circulación de las ideas sea tan fluida como el pensamiento mismo. La soberanía universitaria contra los monopolios editoriales no es solo una cuestión de dinero; es la defensa de la universidad como un espacio de autonomía frente a la mercantilización de la inteligencia.