La figura es conocida: un conductor infringe la ley de tránsito, recibe una multa y evade el pago durante meses. En otras ocasiones, acumula más de una infracción y sigue circulando como si nada hubiese pasado. Y, en algunos escenarios, las faltas vencen porque los multados nunca pagan.
Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, solo el 2016 se impusieron 12,676 multas de tránsito. Ese mismo año se registró el pago de 91,126 multas: casi 800% más que las emitidas en ese periodo. Para el 2017, las infracciones contabilizadas fueron 15,010 y las pagadas fueron 96,044. Este 2018, entre enero y junio, las multas impuestas fueron 3,525 y las canceladas, 46,357.
La razón por la que en la capital se pagan más multas que las que se imponen por año tiene una explicación legal: como ese tipo de sanción está sujeto a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444), el infractor puede alargar el proceso de pago por medio de la impugnación. Es decir, una vez que se entera de la sanción, el multado puede apelar ante varias instancias. Incluso los deudores pueden estirar tanto el proceso que su infracción prescribe y ya no deben cancelarla. Para muestra, está el interactivo que publicó RPPData en setiembre de 2017.
“Actualmente, las papeletas son sanciones administrativas y, como tal, están sujetas a esa ley que dice que el administrado puede agotar la vía del SAT, pasar a un juez contencioso administrativo y hasta pasar a la Corte Suprema. Este alargue, lamentablemente, ha sido usado por las empresas y los conductores como un mecanismo para burlar multas e infracciones”, dijo para este informe el abogado y presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.
RPPData envió una solicitud de información pública al SAT sobre el número específico de deudas de infractores acumuladas año a año desde 2015, pero la entidad alegó no tener estas cifras ordenadas a tal detalle.
Sistema debilitado
Como explicó RPPData en un informe anterior, las infracciones de tránsito más comunes se deben a conducir sin brevete o sin seguro contra accidentes o con una cantidad de alcohol en la sangre que excede lo legal. Pero pese a que las faltas son recurrentes, el sistema de fiscalización sigue debilitado.
El gerente general de la fundación Transitemos, Alfonso Flórez Mazzini, señala que el procedimiento administrativo al que están sujetas todas las papeletas de tránsito y actas de control debe ser modificado. Y en esto coincide Luis Quispe Candia. “El Estado debería retirar a las papeletas y las actas de control de la Ley Nº 27444 para que estas reciban un tratamiento exclusivo y sumario, que impida la seguidilla de pasos de impugnación que solo aseguran la prescripción de la infracción”, sugiere Quispe.
Junto a su asociación, el especialista de Luz Ámbar presentó en julio pasado un proyecto de ley a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso que propone que la vía administrativa se agote tras un descargo y una sola apelación para que luego el caso pase a una audiencia judicial única si el infractor insiste en llegar a tribunales.
Flórez explica que no existe un método de trabajo efectivo para monitorear con información unificada y en tiempo real a los infractores de tránsito. “No hay una integración electrónica en tiempo real entre todas las entidades que tienen que ver con seguridad vial y tránsito. No están integrados informáticamente hablando. Por ejemplo, la información que tiene el patrullero inteligente en los distritos está desfasada: le dan un disco con la información que la carga en la computadora pero que no está al día”, precisa.
Sobrecarga de procesos contra el SAT
Patricia Beltrán Pacheco es jueza titular de la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima. A esa instancia, según cuenta, llegan diariamente entre 30 y 50 demandas de ciudadanos en contra de multas de tránsito impuestas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la capital. Su despacho resuelve otros casos diversos relacionados con entidades del Estado, pero nunca son tan numerosos como los de impugnación de multas de tránsito.
La magistrada sostiene que la gran mayoría de los recurrentes basan su demanda en la mala notificación por parte del SAT y su Sala siempre termina diciéndole a la entidad que vuelva a notificar -y bien. “Empezamos a analizar los expedientes y corroboramos que el demandante nunca recibió la notificación por su infracción. Entonces, muchos de ellos se enteran de la multa ya en la etapa de ejecución, cuando les embargan sus cuentas. No es que le demos la razón al demandante ni que busquemos la impunidad de las sanciones, sino que también tenemos que proteger el derecho de defensa de cada ciudadano incorrectamente notificado”, explica a RPPData.
Beltrán sugiere que el sistema cambie y que los casos en revisión se deleguen a otras autoridades. “Para nosotros, estos casos deberían resolverse en los juzgados de paz. Nosotros funcionamos como primera instancia, siendo la segunda instancia la Corte Suprema, que ya por sí misma tiene una gran sobrecarga procesal en temas más importantes. Esta ley tiene que cambiar porque estamos sobrecargando innecesariamente el aparato judicial con multas de 100 soles, por ejemplo”.
“El tráfico de Lima es tres veces peor que el de Ciudad de México”
RPPData se contactó con Arturo Cervantes Trejo, coordinador general de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi), una asociación de México formada en 2017 con el objetivo de generar debate público y proponer soluciones a los problemas del tránsito en ese país. En marzo de este año, fue invitado a una entrevista en el programa Ampliación de Noticias, de RPP, pero no llegó a los estudios debido a un atasco en el tráfico de Lima.
Sin contar el área metropolitana y conurbada, Ciudad de México ronda los 9 millones de habitantes (cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2015), una cifra demográfica parecida a la de Lima según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018). Según señala el especialista, la capital mexicana alberga además casi 6 millones de vehículos, cuatro millones más que la peruana.
No obstante, el experto afirma que Lima tiene un nivel de caos vehicular que nunca ha visto en su país natal. “Si México es peligroso, Lima es triplemente peligroso por el manejo temerario que hay. La gente no respeta los señalamientos, no está consciente de cuidar a los peatones, los conductores van distraídos usando sus teléfonos móviles… Entonces, es muy similar a lo que se vive en la Ciudad de México, pero yo creo que en Perú está magnificado por la falta de respeto a la normatividad y la falta de una cultura vial en la regulación”, dice.
Cervantes precisa que el sistema de cobro de multas en Ciudad de México suele ser efectivo pero no perfecto, pues sí existe alguna manera de evadirlo: “Si el coche multado viene de otro estado de la República, la infracción es complicada de notificar o puede no ser reconocida en otro. El sistema funciona mejor en cualquier país cuando hay un registro vehicular completo y también cuando hay un registro de todos los conductores ligados a vehículos con infracciones”.
