Iniciativa legislativa aprobada plantea la creación de una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial para mantener la operatividad del gobierno regional y gobierno local.
Con la incorporación de importantes precisiones en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, se aprobó un proyecto de ley para cautelar el uso adecuado de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales.
La aprobación se produjo por separado en la sesión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Constitución del Parlamento, presididas por los congresistas nacionalistas Johnny Cárdenas y Omar Chehade, respectivamente.
La iniciativa legislativa plantea la creación de una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial para mantener la operatividad del gobierno regional y gobierno local, mantener la adecuada ejecución del gasto y garantizar la prestación de los servicios públicos a favor de la población.
Después de varias horas de debate a la que asistieron los ministros de Justicia y de Economía, Augusto Figallo y Luis Miguel Castilla, respectivamente, fue aprobada la propuesta con los aportes de parlamentarios de distintas bancadas.
En ese sentido, fueron incorporados, entre otros, que los recursos de las unidades ejecutoras serán los mismos que el de los presupuestos del gobierno regional o municipal; y que el control del manejo presupuestal será simultáneo con el ejercido por la Contraloría General de la República.
Durante el debate, el congresista Chehade señaló que la medida no tendría que estar comprendida en un Decreto de Urgencia, como lo planteó la legisladora Martha Chávez, porque esta figura responde a otros fines y circunstancias y no financieras y administrativas.
El congresista Javier Velásquez consideró importante el proyecto, pero dijo que sería necesario introducir una modificación en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de Municipalidades.
En tanto que Teófilo Gamarra y Josué Gutiérrez, de la bancada nacionalista, coincidieron en manifestar que la medida es necesaria para evitar la paralización de obras en jurisdicciones donde existen problemas y se ha suscitado actos de corrupción.
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