Casi la mitad de los peruanos no confía en elecciones transparentes

Por: Gonzalo Manrique, economista senior del IPE

Para las elecciones 2026, hay 36 candidatos presidenciales inscritos, el doble que en 2021. Sin embargo, pese al mayor número de opciones, el electorado peruano se siente menos representado que nunca. Según Ipsos, en enero de 2026, el 29% de peruanos señala que votaría blanco, viciado o por ninguno de los candidatos, mientras que otro 18% aún no precisa su voto. Así, en conjunto, casi la mitad del electorado (47%) no se identifica con ninguna alternativa. Esta cifra contrasta fuertemente con lo ocurrido en procesos anteriores: en enero de 2021 y 2016, el porcentaje de indecisos era de solo 25% y 14%, respectivamente.

Este resultado no debería sorprender, sobre todo considerando el creciente descontento con las autoridades políticas. Al 2025, tres de cada cuatro peruanos no confían nada en el Congreso o en los partidos políticos, el mayor nivel de desconfianza registrado. A ello se suma una percepción cada vez más extendida de corrupción. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el 61% de personas la considera uno de los principales problemas del país, un máximo desde 2019 y un nivel comparable con la preocupación por la inseguridad ciudadana (62%).

La erosión de la confianza no solo se limita a la política, sino que ha alcanzado también al propio sistema democrático. En los últimos 10 años, ningún gobierno ha terminado su mandato y la mayoría de los presidentes enfrentan condenas por corrupción. Como resultado, al 2025, el 10% de los peruanos considera que la democracia no sirve para nada, más del doble que en 2015, según la Enaho. Asimismo, el 20% cree que la democracia funciona muy mal, frente al 8% de hace una década.

Además, para muchos, el acto de votar pierde todo sentido si no se cree en un proceso electoral justo. Según la Enaho, en 2025, cuatro de cada diez peruanos no confían nada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, el 33% considera que en el Perú no hay ningún respeto por la libertad política —la posibilidad de elegir partidos y candidatos—, y el 46% cree que no existe respeto por garantizar elecciones transparentes. En todos estos casos, las percepciones han empeorado significativamente en la última década.

Una democracia debilitada tiene serias consecuencias sociales y económicas. Más allá de afectar la gobernabilidad y la capacidad del Estado para cerrar brechas, la pérdida de confianza en las instituciones dificulta la adopción de políticas fiscales responsables, debilita la calidad y previsibilidad del gasto público, y facilita la aprobación de normas sin sustento técnico y alto costo fiscal. Asimismo, facilita la generación de espacios para propuestas antidemocráticas que desincentivan la inversión y el crecimiento. Por ejemplo, según la Enaho, al 2025, el 28% de peruanos considera que, bajo ciertas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible o similar a uno democrático.

De cara a estas elecciones, el desafío central no es solo la fragmentación de la oferta política, sino la gran desconfianza del electorado en las autoridades a elegir y en el propio proceso democrático. Revertir esta situación requiere fortalecer los partidos políticos, garantizar procesos transparentes, y un compromiso claro de los candidatos con la gobernabilidad y la responsabilidad macrofiscal. Sin ello, el riesgo de largo plazo es que el creciente descontento ciudadano con la política se traduzca en mayor inestabilidad y en decisiones económicas que busquen beneficios de corto plazo a costa del crecimiento sostenido.