Congreso publicó la Ley que reemplaza al Decreto de Urgencia 003

La Ley busca asegurar el pago de la reparación civil al Estado en casos de corrupción; incentivar la colaboración eficaz; evitar la paralización de obras.
Las entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago a las personas o empresas castigadas, están obligadas a retener sobre cada pago que realicen, un margen neto de ganancia del 10% del pago respectivo, sin incluir IGV, salvo que ostenten garantías financieras otorgadas por el Estado. | Fuente: ANDINA

El Congreso promulgó hoy la Ley Nº 30737 presentada por el Gobierno que reemplaza al Decreto de Urgencia 003, y que busca garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura paralizados tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, la colaboración eficaz, el pago de reparaciones civiles al Estado, y la reactivación de la economía

Disposiciones generales

La presente sección es aplicable a las personas jurídicas o entes jurídicos:

a. Condenadas con sentencia firme, en el Perú o en el extranjero por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países, en agravio del Estado peruano.
b. Cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países, en agravio del Estado peruano.
c. Que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.
d. Vinculadas a las personas jurídicas o entes jurídicos de los literales a, b y c.

Para efectos de lo dispuesto se entiende por personas jurídicas o entes jurídicos vinculados lo siguiente:

a. Cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea directamente o a través de subsidiarias.
b. Cualquier persona que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un control.
c. Cualquier persona jurídica o ente jurídico de un mismo grupo económico.

Suspensión de transferencias 

El documento refiere que se suspende el derecho de las personas o empresas castigadas de transferir al exterior, bajo cualquier título, total o parcialmente, lo siguiente:

a. El íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones en el país, incluyendo la venta de activos, acciones, participaciones o derechos, sin importar que impliquen o no reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas.
b. El íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país y de las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad industrial.

La suspensión de las transferencias al exterior tiene vigencia hasta el momento en que se presenten cualquiera de las situaciones siguientes:

a. Se efectúe el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el artículo 1, que se encuentren vencidas, generadas por los proyectos en el Perú. Así como el íntegro de la reparación civil a favor del Estado y el íntegro de la deuda tributaria exigible.
b. Se dicte sentencia absolutoria firme a favor de las personas jurídicas o entes jurídicos comprendidos en el artículo 1.
c. Se adopte resolución que ponga fin a los procesos.

El Ministerio de Justicia celebrará los actos y contratos que sean necesarios para el establecimiento de un fideicomiso, administrado por el Banco de la Nación, cuya finalidad sea recaudar y servir al pago de las reparaciones civiles al Estado. | Fuente: ÁNDINA
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