Dicho órgano constitucional autónomo exhortó a las autoridades a manejar la situación con una "visión de Estado" para no poner en riesgo el abastecimiento de combustibles y señaló que discursos alarmistas podrían agravar la posición de la empresa en el mercado.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento de urgencia en el que alertó sobre la grave situación institucional que atraviesa Petroperú.
La entidad calificó el escenario actual como una crisis "implosionada por exfuncionarios" y advirtió que la propagación de mensajes que generen "pánico financiero" solo servirá para deteriorar aún más la posición de la compañía estatal frente a sus acreedores y el mercado.
En su comunicado, la institución hizo un llamado a abordar la problemática con una "visión de Estado", priorizando tres ejes fundamentales: la protección de la ciudadanía, la estabilidad del mercado interno y la garantía del abastecimiento energético en todo el territorio nacional.
"La Defensoría del Pueblo permanecerá vigilante", enfatizó, e hizo hincapié en el riesgo de que decisiones precipitadas vulneren la seguridad energética del país.
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Postura del Congreso
La advertencia de la Defensoría sobre el riesgo de "pánico financiero" ocurre en medio del debate sobre el futuro de la petrolera.
Mientras la Defensoría pide prudencia, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, mencionó que Petroperú es "una empresa que está en quiebra desde hace mucho tiempo", por lo que exigió al Ejecutivo una "solución radical", oponiéndose tajantemente a que se destinen más fondos públicos para su rescate.
Respuesta del Ejecutivo
Por su parte, frente a la crisis de insolvencia y el riesgo de un default técnico proyectado hacia el 2026, el Gobierno ha delineado una hoja de ruta distinta.
La ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, anunció la preparación de un decreto de urgencia para una "reestructuración integral" de la empresa, pero cerró la puerta a nuevas inyecciones de capital a fondo perdido.