por Redacción RPP
·Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estas disposiciones permitirán generar ahorros estimados en S/1 200 millones durante el presente año fiscal.
El Gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que estas disposiciones permitirán generar ahorros estimados en S/1 200 millones durante el presente año fiscal, con el objetivo de cumplir la regla fiscal del 2025 (déficit máximo de 2,2 % del PBI) y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“La austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol del Estado se utilice con eficiencia y transparencia. Estas medidas son necesarias para cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana”, precisó la titular del MEF, Denisse Miralles, tras asegurar que las medidas buscan asegurar una gestión eficiente y responsable del gasto público.
Las medidas prioritarias
El Decreto de Urgencia N.º 008-2025, aplicable a todos los pliegos del Poder Ejecutivo, dispone medidas prioritarias, como un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras, contados desde la publicación de la norma; modulación del gasto en bienes y servicios no críticos, como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos; y la priorización del gasto en inversiones en ejecución, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales ni el funcionamiento regular de las entidades.
Las restricciones temporales se aplicarán tanto al gasto corriente como al de capital y no afectan obligaciones sociales ineludibles, como las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, el Programa Llamkasun y el Seguro Integral de Salud (SIS), precisó el MEF.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos generados por la aplicación del decreto hacia la Reserva de Contingencia, fortaleciendo la capacidad del Estado para responder ante eventualidades sin comprometer el equilibrio fiscal.
En materia de inversión pública, la norma prioriza los proyectos con expediente técnico aprobado o contrato suscrito, asegurando la continuidad de las obras en curso y evitando la creación de nuevos compromisos sin sustento técnico o presupuestal.
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