El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por el abandono del Estado. Conoce cuánto mineral ilegal exportamos, por qué se expande y qué riesgos representa para el país, en el siguiente informe.
“Yo me siento tan, tan, tan impotente ante estas autoridades... y siguen matando, siguen matando gente ahí. Yo le pido al presidente de la República y al Poder Judicial, a la fiscalía que tomen cartas en este asunto, que, por favor, que son vidas, son esos 13 muchachos que han dejado huérfanos a sus hijos, son seres humanos y espero que, hasta donde pueda llegar este mensaje y que llegue a las autoridades para poder tener, por lo menos, un aliento en nuestros corazones por la tristeza de nuestros familiares.”
Él es Enrique Carbonell, padre de Josué Carbonell Beltrán, uno de los 13 trabajadores mineros, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados en un socavón de Pataz, en La Libertad en mayo de 2025.
Han pasado ya seis meses desde aquel crimen múltiple que estremeció al país, y aunque el dolor no cesa, el caso de Enrique se ha convertido en el retrato del drama humano que deja una economía ilegal que no deja de crecer: la minería ilegal.
Solo en Pataz, la Fiscalía calcula que operan más de 300 socavones fuera de la ley, donde las mafias se disputan el control del oro a sangre y fuego. El economista del Instituto Peruano de Economía, Victor Fuentes, indica que la minería ilegal se ha multiplicado en la última década y que hoy supera ampliamente incluso al narcotráfico y a la tala ilegal.
“Hoy la minería ilegal es la economía ilícita con mayores ganancias en el país y se ha multiplicado aceleradamente en la última década. Solo por exportaciones de oro ilegal, estimamos que en 2025 moverá al menos 12 mil millones de dólares, impulsada por el precio récord del oro y por el fracaso del Estado para combatirla. La conclusión es clara: la minería ilegal hoy es el núcleo más rentable del crimen económico en el Perú”.
El IPE proyecta que este año las exportaciones de oro ilegal alcanzarán un 60 % más que en 2024, alcanzando un nuevo nivel récord. Es decir, por primera vez, el oro ilegal podría igualar —o incluso superar— los envíos legales.
Las denuncias por minería ilegal también se han disparado. El IPE reporta que pasaron de 800 a más de 2,500 en tan solo cinco años, con picos en Madre de Dios, La Libertad y Puno.
Por otro lado, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, señala que uno de los principales problemas sigue siendo el mal uso del REINFO, un registro que debió servir para formalizar, pero que terminó amparando a miles de operaciones ilegales y que el Congreso de la República propone seguir ampliándolo.
“El REINFO no solamente ha sido un mecanismo pernicioso, sino que sigue siendo la carta blanca para que muchas personas ilegales o informales puedan continuar con minería que no respete el medio ambiente, que no respete los derechos humanos. Pero ahora la tarea pendiente es que se considere el nuevo proyecto de ley MAPE, porque creo que esto va a permitir que se pueda continuar promoviendo la minería artesanal y la pequeña minería, pero con estándares que todos necesitamos, con supervisión de OEFA, de Osinergmin y la rectoría del Ministerio de Energía y Minas también”.
La minería ilegal ya no solo destruye los bosques o envenena los ríos. También alimenta redes criminales, corrompe autoridades y apaga vidas. Las 13 víctimas de Pataz son la prueba más dolorosa de una economía que crece bajo tierra y fuera del control del Estado.
Mientras tanto, miles de familias como la de Enrique, siguen esperando justicia, y un país entero espera que el oro deje de valer más que la vida.