Urge debate sobre la legislación laboral en el país y los incentivos para la formalización.
La informalidad que se extiende en cada rincón del país se tradujo en la última semana en dos incendios en Lima y Chiclayo y se cobró la vida de 10 personas. ¿Pero cuál es el costo para el país y, sobre todo, para los trabajadores de los altos niveles de informalidad?
El impacto. En principio, según el INEI de cada ocho empresas que existe en el país siete son informales y no pagan ningún tipo de impuesto al fisco. Pero, además de las pérdidas para el Estado, el ex ministro de Trabajo, Jorge Villasante explicó que estas unidades presentan una muy baja productividad y restan competitividad al país.
“Si uno compara las mermas o las pérdidas del sector informal versus el sector formal, obviamente el sector informal tiene mucho más márgenes de pérdidas por falta de tecnología, por mal manejo adecuado de sus recursos y eso va a incidir finalmente en sus costos”, comentó.
Informales. El otro drama lo sufren los trabajadores. Todavía el 73% de población económicamente activa labora en condiciones informales, es decir, 7.5 millones de personas, y mientras menor sea el tamaño de la empresa mayor es el grado de informalidad que muestran.
El costo para esa gran masa de trabajadores, según Villasante, es no contar con ningún beneficio laboral como vacaciones, gratificación o CTS y, peor aún, estar totalmente desprotegidos en situaciones de enfermedad y la vejez.
“Y más aún cuando llegue el tiempo de la jubilación. Imagínese hay trabajadores que están en el sector informal toda su vida ya los 70 años o 75 años nadie lo contrata, no tiene ninguna protección para seguir atendiendo las necesidades personales o los de la familia”, señaló.
El ex ministro de Trabajo consideró que no se podrá reducir los altos niveles de informalidad mientras no se flexibilice el mercado laboral y se ponga en debate qué costos salariales son pertinentes y cuales desincentivas la contratación de trabajadores.
“Podríamos hacer una suerte de valoración de derechos para determinar cuál de ellos deberíamos preferir como Estado, lo otro puede ser fiscalización laboral, la Sunafil tiene que cumplir su labor y yo creo que ahí tiene que utilizar más información”, apuntó.
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