Doe Run Perú incumplió las obligaciones decretadas en la Ley 29410, que establecía la reanudación de sus operaciones el pasado 27 de julio, señaló Velásquez.
Dijo que la referida empresa minera tuvo que reiniciar sus actividades el pasado 27 de julio y ello no se produjo, y tampoco ha presentado las garantías para proceder a sustentar la última etapa de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
La empresa, explicó Velásquez Quesquén, no cuenta con una estructura financiera para el reinicio de sus actividades porque muchos de los proveedores no quieren participar de ese proceso, y frente a este escenario el Gobierno no podía avalar la reapertura de Doe Run Perú.
"En el Perú, la inversión extranjera y la nacional tienen el mismo tratamiento, nadie tiene corona. Ya estamos en el procedimiento administrativo pero no queremos precipitar etapas y plazos, para evitar que esto sea utilizado por la empresa para llevarnos a la jurisdicción internacional, donde el Estado podría ser pasible de indemnizaciones injustas", manifestó.
En ese sentido, precisó que el Gobierno no accederá a ninguna de las condiciones demandadas por esta empresa para reanudar sus actividades como la reducción de los estándares medio ambientales, flexibilización del pago de sus obligaciones tributarias y la anulación de multas.
Explicó que estos pedidos trasgreden el ordenamiento jurídico.
"El Gobierno no da marcha atrás. Estamos cumpliendo con todos los procedimientos que la ley establece", declaró. Andina
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