Expertos opinaron que esta medida dispuesta por el Gobierno presentaría dificultades, puesto que muchos arrendadores son informales, por lo que no serían fiscalizados ni podrían subir la información a la plataforma que brindará Migraciones.
Se publicó el DS 011-2024-IN, que modifica la Ley de Migraciones y su Reglamento, obligando a los hospedajes y arrendadores exigir los documentos de viaje o de identidad de las personas extranjeras para reducir la criminalidad. De no cumplirse esta medida, ¿cuál sería la multa que se aplicará?
Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho civil y Comercial de Miranda & Amado, conversó con RPP y aclaró cuál sería la sanción para estos establecimientos.
"Se establece que los hoteles u hospedajes que no cumplan con esta información, van a ser pasible de una sanción de hasta 1 UIT, si permiten el alojamiento sin registrar datos. Si no remiten a Migraciones estos datos, se les pondrá una multa de hasta 2 IUT", dijo.
Es decir, si el valor de 1 UIT este 2024 es de S/ 5,150, la multa aplicada sería de hasta S/ 10,300.
¿De qué se trata esta obligación para hospedajes y arrendadores?
Luis Francisco comenta que esta modificatoria migratoria establece que los hospedajes y arrendadores deberán pedir los documentos de viaje, pasaporte, boletos, documentos de identidad, entre otros datos para registrarlos en una plataforma que Migraciones brindará en los próximos 30 días.
"El propósito es brindar mayor de seguridad, protección y filtrar a las personas, pero es cuestionable. No solamente pedirán un registro genérico de cuántas personas extranjeras están en un establecimiento, sino que pedirán data privada que estará en manos de funcionarios de Migraciones", comenta.
"Creo que habrá ruido por el ingreso a una plataforma del Gobierno a datos sensibles, tanto de peruanos como de extranjeros. De por sí, ya hubo filtraciones de datos en los sistemas del Gobierno y ahora van a poder recopilar datos sensibles de extranjeros, como su fecha de nacimiento, número de pasaporte, documentación, entre otros".
Nancy Arellano, Politóloga venezolana, estuvo presente en Ampliación de Noticias por RPP y también se refirió al tema.
"La mayoría de los venezolanos viven en zonas populares, donde hay arrendamiento informal. Incluso hay arrendadores que no tienen saneados los papeles de vivienda. Cómo pueden celebrar un contrato en el marco de la formalidad si no cumplen con los requisitos básicos para celebrar estos contratos. Nos preocupa que vaya en pro de la inseguridad ciudadana", sostuvo.
Frente a este escenario, el abogado señaló que hay muchos arrendadores informales, es decir, que alquilan un espacio sin tributar, por lo que "es más difícil fiscalizarlos".
"Es más factible que se fiscalice en hoteles y hospedajes de alta categoría porque hay un cruce con Mincetur, siempre hay un registro de huéspedes y ahí si puede haber visitas de Migraciones o rendimientos de información. Claramente, no hay la capacidad de fiscalizar a los hospedajes de todo el largo y ancho del país, pero los malos elementos, no se arriendan en hoteles de alto nivel, sino en hospedajes informales o que ni siquiera pagan tributos".
El experto considera que la norma no atacará a los malos elementos porque no se hospedan en hoteles conocidos, sino en establecimientos que no tengan rastros.
"Entonces, se va a tener a las grandes cadenas o las cadenas medianas que pagan sus impuestos, pasando información al Mincetur y lo que se logrará es filtrar información sensible de personas que claramente son inocentes sin sospechas. Creo que se pone en peligro la data de las personas y no se ataca el problema verdadero".
A su vez, Fernando Rospigliosi, Congresista de Fuerza Popular, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y, en referencia al tema, opinó que "están poniendo una serie de restricciones que en un país informal como el Perú. Son difíciles de cumplir. Se requiere investigación (...) Esas medidas administrativas pueden ayudar en cierto punto, pero dudo que resuelvan este problema".
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