El Congreso vuelve a poner en debate el futuro de Petroperú. Un proyecto de ley busca derogar el decreto que autoriza su reorganización, al considerar que abre la puerta a una privatización encubierta. El Gobierno responde que la medida es necesaria para evitar la quiebra.
En un nuevo episodio de la crisis que atraviesa Petroperú, el Congreso ha presentado once proyectos de ley en respuesta directa a la reorganización de la empresa petrolera, medida tomada por el Gobierno.
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Primer proyecto: alerta sobre impactos laborales, regionales y en la soberanía energética del país
El 6 de enero del 2026, el congresista Jaime Quito Sarmiento, de la Bancada Socialista, presentó el Proyecto de Ley N.° 13669 para derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que permite la reorganización patrimonial de Petroperú. Según el legislador, las medidas del Ejecutivo abren la puerta a una privatización encubierta de la petrolera estatal y al eventual traspaso de sus activos al sector privado a través de ProInversión.
La iniciativa busca anular el marco legal que autoriza la fragmentación de Petroperú en bloques patrimoniales. Sus impulsores advierten que este proceso podría derivar en despidos masivos, afectando a más del 50 % del personal, así como en la pérdida de control estatal sobre activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, lo que pondría en riesgo la soberanía energética del país.
Además, el proyecto alerta sobre un impacto negativo en las regiones, especialmente en Piura, donde la paralización de pozos petroleros reduciría los ingresos que reciben universidades y gobiernos locales. El debate se da en paralelo a una moción de censura contra la ministra de Economía, Denisse Miralles, a quien se responsabiliza políticamente por la estrategia aplicada a Petroperú.
A este cuestionamiento se suma el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha puesto en duda la legitimidad constitucional del decreto, al considerar que un Gobierno de transición no tendría facultades para ejecutar reformas de esta magnitud. Su despacho anunció que evalúa un informe para determinar la constitucionalidad y viabilidad del decreto.
Segundo proyecto: resguardar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional
El 6 de enero de 2026 se presentó el Proyecto de Ley N.° 13670, impulsado por el congresista Edgard Reymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular. La iniciativa propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 con el objetivo de proteger la seguridad energética nacional y frenar una reorganización patrimonial que podría derivar en una privatización encubierta de Petroperú.
El proyecto advierte que el decreto habilita la segmentación y transferencia de activos estratégicos, incluida la Refinería de Talara, mediante esquemas privados gestionados por ProInversión, lo que pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles, el control estatal del sector energético y la atención de zonas rurales y amazónicas.
Tercer proyecto: excluir a Petroperú de los esquemas de inversión privada
El 6 de enero de 2026 se presentó el Proyecto de Ley N.° 13671, impulsado por la congresista Isabel Cortez Aguirre. La iniciativa propone derogar en su integridad el Decreto de Urgencia 010-2025 y restituir los alcances de la Ley N.° 28244, que excluye a Petroperú de las modalidades de promoción de la inversión privada, con el objetivo de garantizar la soberanía energética del país.
El proyecto sostiene que Petroperú cumple un rol estratégico en el abastecimiento nacional y en la estabilización de precios de los combustibles, especialmente en zonas rurales y amazónicas. Advierte que una eventual privatización pondría en riesgo el suministro, incrementaría la concentración del mercado, elevaría los precios y obligaría al Estado a asumir pasivos, subsidios y mayores costos fiscales.
Cuarto proyecto: anular el decreto que permite reorganizar activos de Petroperú
El 6 de enero del 2026, se presentó el Proyecto de Ley N.° 13672, propuesto por congresista Alfredo Pariona Sinche, quien es integrante de la Bancada Socialista, tiene el objetivo de derogar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Según el proyecto, ese decreto abre la puerta a una privatización encubierta de la empresa estatal, al permitir la transferencia de activos estratégicos, incluso la Nueva Refinería de Talara, hacia bloques patrimoniales administrados bajo esquemas propios de la promoción de inversión privada.
La iniciativa sostiene que el decreto vulnera el carácter 100 % estatal de Petroperú, al facultar a ProInversión a tomar decisiones clave sobre activos, contratos, fideicomisos y flujos financieros, desplazando al propio directorio de la empresa. Para los autores, esto pone en riesgo el control público de la cadena de valor del petróleo y expone al país a intereses privados y transnacionales.
Además, el proyecto plantea restituir la Ley N.° 28244, que excluye a Petroperú de los procesos de promoción de la inversión privada, y autoriza un aporte de capital de S/ 240 millones en 2026 para fortalecer su operación y asegurar el abastecimiento de combustibles, reafirmando que la empresa debe seguir siendo estatal.
Quinto proyecto: restablecer la protección legal de Petroperú como empresa estratégica
El 7 de enero del 2026, se presentó el Proyecto de Ley N.° 13677 por la congresista Margot Palacios Huamán, busca dejar sin efecto los alcances del Decreto de Urgencia 010-2025, al considerar que esta norma habilita la privatización de Petroperú y vulnera la Constitución. La iniciativa sostiene que el Ejecutivo excedió sus facultades al incorporar a la petrolera estatal al régimen de promoción de la inversión privada sin una ley expresa del Congreso.
La propuesta plantea restablecer la Ley N.° 28244, que excluye a Petroperú de cualquier modalidad de privatización, y reafirma su condición de empresa estatal estratégica encargada de garantizar la seguridad energética y el abastecimiento de combustibles, especialmente en regiones donde la inversión privada no tiene presencia significativa, como Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
Además, el proyecto prohíbe que mediante decretos de urgencia u otras normas excepcionales se transfieran acciones, se vendan activos estratégicos o se incorpore a Petroperú a procesos de privatización, señalando que este tipo de decisiones solo pueden adoptarse por ley del Congreso.
En la exposición de motivos, se advierte que el DU 010-2025 no cumple con los criterios constitucionales de excepcionalidad, necesidad ni transitoriedad, y que su aplicación podría generar riesgos económicos, sociales y legales para el Estado.
Sexto proyecto: impedir la privatización de Petroperú y mantener el control estatal de activos estratégicos como Talara
El 8 de enero de 2026 se presentó el Proyecto de Ley N.° 13683, impulsado por el congresista Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre.
La iniciativa propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 con el objetivo de evitar la privatización de Petroperú y fortalecer la soberanía energética del país, preservando el rol estratégico de la empresa estatal.
El proyecto sostiene que el decreto permite la reorganización patrimonial y la transferencia de activos, incluida la Refinería de Talara, lo que pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles, incrementaría la dependencia externa y afectaría la seguridad energética nacional, además de abrir la puerta a un alza de precios y a la pérdida del control estatal sobre recursos estratégicos.
Séptimo proyecto: frenar la reorganización patrimonial de Petroperú y evitar la pérdida de activos estratégicos
El 8 de enero del 2026, se presentó el Proyecto de Ley N.° 13684 por la congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular. El proyecto de ley propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 al considerar que abre la puerta a una privatización encubierta de Petroperú, sin debate ni sustento técnico.
Advierte riesgos para la soberanía energética, despidos masivos y el uso de más de S/ 380 millones para un proceso cuestionado, impulsado por un gobierno de transición.
Octavo proyecto: derogar la reorganización patrimonial de Petroperú vía decreto de urgencia
El 9 enero, se presentó el Proyecto de Ley N.° 13695, impulsado por el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), que plantea derogar el Decreto de Urgencia 010-2025. La iniciativa sostiene que la reorganización patrimonial de Petroperú no responde a una urgencia extraordinaria, sino a problemas estructurales que debieron debatirse en el Congreso.
Advierte riesgos para la seguridad energética, la legalidad constitucional y la estabilidad del marco del sector hidrocarburos, además de solicitar control posterior de la Contraloría.
Noveno proyecto: garantizar la soberanía energética y frenar la reorganización patrimonial de Petroperú
El 9 de enero, se presentó el Proyecto de Ley N.° 13703, impulsado por el congresista Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), que propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025. La iniciativa sostiene que la reorganización patrimonial de Petroperú abre la puerta al debilitamiento y eventual fragmentación de activos estratégicos sin debate legislativo.
Advierte riesgos para la soberanía y seguridad energética, la pérdida de control estatal sobre la cadena de hidrocarburos y la adopción de decisiones estructurales por un gobierno transitorio.
Décimo proyecto: frenar la reorganización patrimonial de Petroperú por riesgo de privatización encubierta
El 12 de enero, María Antonieta Agüero presentó el Proyecto de Ley N.° 13711, que propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 al considerar que habilita cambios estructurales en Petroperú sin control del Congreso.
La iniciativa cuestiona el uso de un decreto de urgencia para enfrentar problemas financieros de carácter permanente y advierte riesgos de pérdida de activos estratégicos, afectación a la soberanía energética y una eventual privatización indirecta de la empresa estatal.
Undécimo proyecto: garantizar la soberanía energética y evitar el desmembramiento de Petroperú
El 13 de enero, Américo Gonza presentó el Proyecto de Ley N.° 13739, el cual propone derogar integralmente el Decreto de Urgencia 010-2025 para proteger la soberanía energética del Perú. La iniciativa busca restituir la vigencia del artículo 1 de la Ley 28244, con el fin de asegurar que Petroperú S.A. se mantenga excluida de cualquier modalidad de promoción a la inversión privada
El proyecto advierte que la reorganización planteada por el Ejecutivo es, en realidad, un "desmembramiento" de la empresa en bloques patrimoniales gestionados por ProInversión, lo que facilitaría una privatización indirecta y beneficiaría intereses particulares a corto plazo.
Asimismo, se denuncia una grave afectación a los derechos laborales, cuestionando la transferencia de 240 millones de soles destinados a financiar la terminación de relaciones laborales y la orden de reducir personal en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Finalmente, la propuesta sostiene que la intervención de entes externos y el gasto de S/ 144 millones en favor de ProInversión restan recursos que la propia estatal debería emplear para garantizar el abastecimiento de combustible en las zonas más alejadas del país.
La otra cara de la moneda: ¿Qué dice el Gobierno?
Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, defiende las medidas alegando que Petroperú se encuentra en un estado de "insolvencia técnica". Según Álvarez, la empresa ha tenido una "pésima gestión" en los últimos años y no se puede seguir cubriendo su déficit con el dinero de todos los peruanos.
El premier fue enfático en descartar cualquier intención de privatizar Petroperú. Señaló que, en su estado actual, la empresa no resulta atractiva para el capital privado y que el objetivo del Ejecutivo es recuperar una gestión eficiente, manteniéndola bajo control del Estado.
Asimismo, explicó que la reorganización apunta a proteger la continuidad de los servicios y, sobre todo, a evitar la ruptura de la cadena de pagos a las pequeñas y medianas empresas que dependen de la petrolera para operar.
En ese marco, indicó que Proinversión tendrá a su cargo una evaluación técnica para definir el futuro de las distintas unidades de producción: cuáles requieren inversión privada, cuáles deben fortalecerse con recursos estatales y cuáles, debido a su ineficiencia, tendrían que ser liquidadas.
En resumen, mientras el Gobierno argumenta que la reestructuración es una "solución equilibrada" para salvar a la empresa de la quiebra, los sectores de oposición y sindicatos ven en este proyecto de ley la última oportunidad para proteger los recursos estratégicos del país antes de que sean fragmentados.
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