Josué Gutiérrez consideró que el decreto no supera el denominado “test de constitucionalidad”, al señalar que no existe una crisis imprevisible, ni un peligro inminente, ni una situación extraordinaria que justifique el uso de este instrumento legal en la empresa petrolera.
Luego que la semana pasada la Defensoría del Pueblo presentara una demanda de inconstitucionalidad ante la Defensoría del Pueblo, en contra del Decreto de Urgencia (DU) 010-2025, que reestructura Petroperú, ahora el titular de la entidad Josué Gutiérrez, calificó de “osado” al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por emitir esta norma, ya que no cumpliría con los requisitos exigidos por la Constitución para este tipo de normas.
En declaraciones a Ampliación de Noticias, Gutiérrez sostuvo que el Ejecutivo ha sido “muy osado, muy atrevido con el mandato constitucional”, al recurrir a un decreto de urgencia para implementar una reforma de carácter permanente para Petroperú.
El defensor del Pueblo afirmó que el decreto no supera el denominado “test de constitucionalidad”, ya que no existe una crisis imprevisible, ni un peligro inminente, ni una situación extraordinaria que justifique el uso de este instrumento legal.
“Las medidas que se adoptan ahora o que se han adoptado con este decreto de urgencia son permanentes, la reforma estructural es ajena a la emergencia y las medidas focalizadas en una empresa”, afirmó.
Gutiérrez aseguró que en la Defensoría del Pueblo están convencidos de la inconstitucionalidad del DU 010-2005, y van a solicitar es que se paralicen todas las medidas que se propongan su implementación.
“De ser declarada inconstitucional sería un agravio para, no solamente para la población, sino para una empresa que es el activo crítico de la nación”, refirió.
Reforma debe pasar por el Congreso
El titular de la Defensoría del Pueblo remarcó que una reestructuración empresarial como la planteada para Petroperú debe realizarse a través de una ley aprobada por el Congreso de la República, y no con un decreto de urgencia como hizo el Gobierno.
En ese sentido, señaló que el Ejecutivo debió presentar una iniciativa legislativa para que sea debatida por el Parlamento, respetando así el principio de separación de poderes y la temporalidad que caracteriza a este tipo de normas excepcionales.
Gutiérrez recordó además que el Tribunal Constitucional ya ha establecido doctrina clara sobre los límites de los decretos de urgencia y que el Decreto N.° 010 no encaja dentro de esos parámetros.