Pobres gastan más en coimas para acceder a servicios públicos, afirman

La corrupción es un problema que no sólo afecta al país y sobre todo a los más pobres.

Y es que un estudio realizado por Gustavo Yamada y Ricardo Montero, economistas de la Universidad del Pacífico, sobre cómo el pago de coimas afecta el desarrollo, arroja que el 20% más pobre de la población peruana destina hasta un 12% de sus ingresos al pago de coimas a la Policía.

“Tuvimos acceso a una base de datos donde se podía medir los niveles de pobreza y al mismo tiempo cómo enfrentaban la población pobre y no pobre el acceso a servicios. Específicamente en el caso de la Policía hemos encontrado que los más pobres gastan 12 por ciento de sus ingresos mensuales en coimas que tienen que pagar a malos elementos policiales, mientras que en el caso del 20 por ciento más rico del país solo representa un 2,7 por ciento de sus ingresos”, detalló, tras indicar que el caso de Poder Judicial,  los pobres destinan hasta cerca del  3% de sus ingresos.

Yamada explica que uno de los factores, tras este problema, es que el costo del tiempo también es mayor para los pobres. Lamentablemente, salvo en el caso de la Policía, en poco más del 50% de los casos la persona termina su trámite exitosamente.

“Los pobres muchas veces son los que menos se pueden dar el lujo de perder el tiempo  en regresar una y otra vez para hacer un trámite. Hemos encontrado que en promedio se destinan 10 veces, 10 visitas a una institución para completar un trámite y ahí muchos pobres que tienen su puesto en el mercado, su pequeño negocio, no se pueden dar el lujo de perder diez días en hacer los trámites. Entonces para agilizar los trámites muchas veces se ven obligados a pagar estas coimas”, dijo.

Sostuvo que  tantos los costos, como la baja proporción de culminar exitosamente sus trámites en las diversas instituciones públicas, desincentivarían a los hogares de menos recursos a acceder a los mencionados servicios públicos.

La solución, según el estudio, pasa por hacer una revolución en el sistema de trámites del Estado, para que estos puedan hacerse cada vez más desde una computadora, en vez de que el ciudadano dependa del sello o la firma de alguien que pretende cobrar una coima, además de  promover sanciones severas a  los funcionarios públicos que comentan actos de corrupción.