Corrupción y economías ilegales avanzan de la mano en el Perú: el 94 % de los ciudadanos las vincula directamente, especialmente en actividades como la minería ilegal. Este resultado forma parte de la décimo tercera Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, realizada por Ipsos, con el apoyo de la cooperación alemana, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el PNUD. Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
La décimo tercera Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, elaborada con Ipsos, revela que el 88 % de los peruanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años.
El estudio también revela que la corrupción tiene relación directa con las economías ilegales, formando redes que necesitan del soborno y la complicidad de autoridades para funcionar.
“El 94 % de la población reconoce que la corrupción alimenta economías ilícitas, como la minería ilegal, la tala ilegal o el narcotráfico. Si yo trabajo con elementos ilícitos, yo para mover estas mercaderías voy a tener que corromper a las autoridades para que estas mercaderías vayan de mano en mano, pasen y al final se vendan donde se tienen que vender. Entonces, ahí empieza una cadena de corrupción estructural”, explica Julio Pérez Alván, presidente de Proética.
Otro dato que revela el informe es que el 41 % de los peruanos considera que las economías ilícitas son la única opción de trabajo en su respectiva región. Es decir, la corrupción es un problema que se reconoce, pero que se tolera por necesidad.
César Ipenza, especialista en derecho ambiental y minero, considera que esta situación no constituye el derecho al trabajo:
“Los políticos, las autoridades diversas usan el término derecho al trabajo y yo voy a reiterar que eso, en principio, no es derecho al trabajo. Si uno ve las condiciones en las que operan los operadores en las zonas mineras, lo que estamos viendo más bien es exponer la vida de esta gente a las peores condiciones y luego se dice: bueno, tienen derecho al trabajo. Por otro lado, hay varias razones: el precio del oro, que se ha incrementado de manera considerable y no puede competir con ninguna otra actividad económica formal”.
Por otro lado, más del 90 % de los peruanos cree que el Estado no hace lo suficiente para enfrentar la minería ilegal, pese a que esta actividad es considerada un problema muy grave para el país.
¿Cuál es la ruta que el Estado debe tomar para reducir esta problemática? David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, detalla que “el crimen tiende a reducirse cuando las economías crecen vigorosamente de forma formal. Cuando la economía crece, hay dinamismo, hay empleo formal y todo el mundo se empieza a integrar a ese círculo virtuoso. Entonces, cada vez hay menos gente con incentivo a dedicarse a las actividades informales. Y gran parte de esa receta implica crecer sostenidamente y, para ello, el Estado debería facilitar la inversión al sector formal, como la minería formal, para que genere más trabajo”.
El informe deja un mensaje claro: mientras la corrupción siga creciendo y las economías ilegales sean vistas como una alternativa de subsistencia, el problema se mantendrá. Romper ese círculo no solo pasa por sancionar, sino por fortalecer y ampliar el empleo formal, especialmente en las regiones más golpeadas por la ilegalidad.
La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025 ha sido posible gracias a Ipsos, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno alemán, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza para su difusión y análisis con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).