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Remueven a director del Osiptel por favorecer a Telefónica

En el 2009 Marco Antonio Torrey Motta basó una opinión y voto en documento elaborado por Telefónica del Perú. Es separado por segunda vez del cargo.

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) removió por segunda vez de su cargo como miembro del Consejo Directivo de esa institución a Marco Antonio Torrey Motta, al hallar indicios de que, tras haberse puesto de acuerdo con un ejecutivo de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., votó a favor de la misma durante una sesión en la que se discutió un ajuste tarifario del servicio de telefonía fija.

La cuestionada sesión del Consejo Directivo del Osiptel se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre del 2009, en la cual Marco A. Torrey Motta y Martha Carolina Linares Barrantes votaron a favor de tal ajuste, frente al voto en discordia de Guillermo Thornberry, entoces presidente del Consejo Directivo del Osiptel.

La agenda era el Proyecto de Resolución que establece el Ajuste Trimestral de Tarifas Tope de los Servicios de Categoría I para las Canastas C, D y E que presta la concesionaria Telefónica, correspondiente al trimestre diciembre 2009 – febrero 2010.

Osiptel encontró indicios de que la opinión de Torrey (enviada electrónicamente) no había sido elaborada por él, sino desde un terminal de la empresa Telefónica que resultó ser la computadora del entonces director de Estrategia Regulatoria de la empresa. Esto fue posteriormente confirmado por un peritaje.

La confirmación de este procedimiento irregular y reñido con la ética dio lugar a la remoción de Torrey, quien luego logró ser repuesto gracias al Poder Judicial. La resolución publicada hoy jueves, da cuenta de las comprobaciones que se hicieron sobre las faltas cometidas y ratifica la remoción del funcionario.

Torrey Motta y Linares Barrantes afrontan actualmente un juicio entablado por el Estado debido a los hechos descritos, sin embargo Linares no ha sido removida del cargo.

En el caso de Linares, se ha comprobado que Telefónica también le envió información a un domicilio indebido y que votó a favor de la empresa, pero no existe la prueba -como sí en el caso de Torrey - de que tomó el documento elaborado por la empresa como base para su opinión y voto.

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