De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa petrolera enfrenta una insolvencia operativa, estrés de liquidez y un riesgo inmediato de default técnico. ¿Cuál será su futuro en el 2026?
El pasado 23 de diciembre, la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú S.A. designó a Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares como presidenta del Directorio, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución.
No obstante, su designación se produce en un contexto de alta volatilidad administrativa; su predecesor, Luis Alberto Canales, permaneció en el cargo apenas poco más de un mes tras ser nombrado el 15 de noviembre. Esta situación refleja una inestabilidad institucional profunda, ya que, desde julio de 2021, la empresa ha tenido 11 presidentes de directorio, con una duración promedio de solo cinco meses por gestión.
Ante este panorama, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, afirmó en RPP que el Poder Ejecutivo no tiene previsto realizar ninguna nueva inyección económica a favor de la empresa estatal Petroperú.
Según Miralles, la prioridad actual es un cambio profundo en la gestión y gobernanza de la institución para detener el gasto que representa para el erario nacional. En este sentido, anunció que, antes del 31 de diciembre de 2025, se emitirán dispositivos legales con medidas concretas para reestructurar la empresa y evitar que continúe generando gastos excesivos al Estado.
La ministra ha señalado, además, dificultades para obtener información financiera transparente y oportuna por parte de la actual gerencia de la compañía.
MEF: rescates a Petroperú entre 2022 y 2024 costaron 1.6 % del PBI nacional
Los estados financieros más recientes de Petroperú muestran señales mixtas. En el tercer trimestre de 2025, la empresa reportó un EBITDA positivo de $ 39 millones y una reducción del 88 % en sus pérdidas netas en comparación con el año anterior, resultados impulsados por la plena operación de la Nueva Refinería de Talara.
El EBITDA es una medida de rentabilidad que muestra las ganancias de una empresa antes de quitarle los intereses, impuesos, depreciación y amortización. En simple, te dice qué tan rentable es el núcleo del negocio sin considerar cómo se financia, cuánto paga al gobierno ni el desgaste de sus activos.
Sin embargo, a pesar de esta mejora operativa, el flujo de caja sigue siendo negativo en $ 359 millones y el nivel de deuda continúa siendo elevado.
Por otro lado, de acuerdo a información proporcionada por el MEF, entre 2022 y 2024, el Estado destinó S/ 17,888 millones para sostener a la empresa, lo que representa el 1.6 % del PBI nacional. Aun así, el riesgo fiscal persiste y si se siguen inyectando recursos públicos es muy probable que se sigan honrando garantías. Sólo en el 2025, el estado peruano ha honrado garantías por $ 900 millones.
Este gasto supera los presupuestos anuales de sectores clave como Salud y Educación. De acuerdo al MEF, la empresa enfrenta una insolvencia operativa, estrés de liquidez y un riesgo inmediato de default técnico.
¿Cuáles son los posibles escenarios futuros para la empresa estatal en 2026?
De cara al 2026, tres exfuncionarios vinculados al sector han planteado en RPP diversas alternativas para el futuro de la estatal. Por un lado, Alejandro Narváez, expresidente del directorio, sostuvo que es un error decir que el Estado "regala" dinero, pues se trata de préstamos de un accionista a su empresa.
Narváez defiende un modelo de capital mixto, similar al de Ecopetrol o Petrobras, donde el 49 % de las acciones sea privado y el 51 % estatal. Para él, la empresa tiene activos valiosos y el problema actual es de liquidez y gestión.
Por su parte, Pedro Gamio, exviceministro de Energía y exfuncionario de Petroperú, describe a la empresa en "cuidados intensivos" y considera urgente contratar a un reestructurador internacional. Propone el ingreso de socios privados (entre el 5 % y 49 %) para establecer "candados" contra la injerencia política y profesionalizar el manejo técnico. Asimismo, sugiere una ley para reducir el exceso de personal, estimado en unas 600 personas.
Además, Gamio explica que existe la posibilidad técnica y un acuerdo vigente para tratar crudo pesado proveniente de Ecuador en la nueva refinería. Esto es fundamental porque la planta es una de las 13 refinerías en el mundo con la tecnología necesaria (unidad de flexicoking) para procesar este tipo de insumo.
Finalmente, Carlos Paredes, expresidente del directorio, plantea que la reestructuración debe ser liderada por ProInversión y no por la propia empresa. Su propuesta principal es la escisión de activos, es decir, separar unidades de negocio como la refinería, el oleoducto y las plantas de almacenamiento para transparentar pérdidas y mejorar la gestión individual.
También coincide en la necesidad de reducir personal excedente y vender activos no estratégicos, como el edificio principal de la empresa.