SNI alerta que arbitraje potestativo hará daño a economía peruana

Gremio logró que Poder Judicial le admita demanda de acción popular contra medida interpuesta por el Ministerio de Trabajo que permite a este procedimiento acelerar y solucionar diferencias que impiden alcanzar un acuerdo entre empresas y trabajadores.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) logró que el Poder Judicial le admita una demanda de ‘acción popular’ contra el Decreto Supremo 014-2011-TR, emitido por el Ministerio de Trabajo el 17 de setiembre de 2011, que crea y establece el procedimiento de arbitraje potestativo para acelerar y solucionar las diferencias que impiden alcanzar un acuerdo entre empresas y trabajadores.

Al respecto, el presidente de la institución gremial, Luis Salazar, señaló que este Decreto Supremo es inconstitucional, porque distorsiona los mecanismos contemplados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

Con una norma como la 014-2011-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo introduce un desbalance de poder en las relaciones colectivas de trabajo que a la larga le hará un gran daño al proceso económico que está viviendo nuestro país”, indicó.

Según Salazar, al dejar que el referido Decreto Supremo regule de esa forma las relaciones colectivas de trabajo, se está viendo afectada la competitividad de las empresas, y se pone un obstáculo a la generación de valor agregado, así como a la formalización de las empresas, considerando que casi el 70% del mercado laboral es informal.

“En otras palabras, se trata de una norma que juega en contra de hacer crecer a las microempresas”, apuntó.

El presidente de la SNI advirtió que al implantar medidas como la señalada, el citado Ministerio está manejando el tema laboral con cierto criterio.

“Hoy fallan a favor del trabajador, pero mañana, cuando vean que esta medida que han tomado políticamente no les convenga, empezarán a fallar a favor de las empresas, y de esa manera generarán una fuerte y permanente inestabilidad en las relaciones de trabajo”, anotó .

Recordó que el arbitraje -como tal- es un mecanismo privado de solución de controversias al que acuden personas naturales, instituciones o empresas por libre voluntad, como medio alternativo al Poder Judicial.

Sin embargo, advirtió que los sindicatos están obligando a las empresas a acudir a la vía de arbitraje potestativo, aduciendo “mala fe” en el proceso de negociación colectiva.

Por su parte, el abogado laboralista, Luis Arbulú , señaló que el concepto de actuación de ‘mala fe’ se presta a múltiples interpretaciones que quedan a total discrecionalidad de los árbitros laborales.

"Para un árbitro puede ser ‘mala fe’ la demora en la entrega de los estados financieros –a pesar que no se ha culminado su auditoría– o la falta de un acuerdo en una primera reunión"dijo.

De esta manera, dijo el natural proceso de negociación entre sindicatos y empleadores es desechado y en su lugar se impone una instancia ajena a la realidad de la empresa y a las expectativas de los trabajadores, para decidir temas claves como aumentos de sueldos y bonificaciones, entre otros aspectos

Señaló que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyas indicaciones son validadas y priorizadas por nuestra Carta Magna, el arbitraje potestativo solo debe aplicarse en ciertos casos, por lo que no es de aplicación general para todos los sectores. Por ejemplo, dijo, se recomienda su aplicación en casos de crisis nacional aguda

Recordó que el Decreto Supremo 014-2011-TR se inspira en una sentencia del Tribunal Constitucional que en su momento (año 2009) fue aplicado en un proceso de negociación colectiva con los trabajadores portuarios.

“Esa sentencia fue aplicada a una situación muy específica, pero ahora el Ministerio de Trabajo la malinterpreta y le asigna un alcance general”, explicó el constitucionalista.

Arbulú propuso que este D.S. 014-2011-TR quede sin efecto durante un lapso de sesi meses para que en ese tiempo pueda ser analizado y discutido al seno del Consejo Nacional del Trabajo, de modo tal que al final del plazo sea emitida una nueva norma, mejor analizada y consensuada.