Chile: Ratifican desafuero de diputado acusado de homicidios en dictadura

La Corte Suprema de Chile confirmó este viernes el desafuero del diputado Rosauro Martínez, del derechista partido Renovación Nacional (RN), acusado del homicidio de tres presuntos opositores a la dictadura cometidos en 1981 cuando era un capitán del Ejército.

El máximo tribunal chileno, reunido en sesión plenaria, ratificó una resolución adoptada el pasado 12 de mayo por la Corte de Apelaciones de la sureña ciudad de Valdivia, que privó a Martínez de su inmunidad parlamentaria, a fin de que pueda ser procesado.

"Esta confirmación es el paso definitivo para abrir paso a una investigación en contra del diputado Martínez, que conduzca a su procesamiento y a una condena que lo lleve a la cárcel", dijo a Efe la abogada Magdalena Garcés, que representa a los familiares de los tres ejecutados.

En tanto, el abogado defensor del congresista, Fernando Sänger, se mostró "decepcionado" con la resolución de la Corte Suprema.

"Respetamos este fallo, pero seguimos insistiendo en la inocencia de nuestro defendido. Hemos manifestado al pleno de este tribunal que la investigación que se ha seguido hasta ahora ha adolecido de irregularidades que indican que aquí no ha existido el principio jurídico del debido proceso respecto del diputado", apostilló.

Según esta resolución, existen en la investigación del caso antecedentes suficientes sobre la participación de Martínez en los delitos imputados, en su condición de comandante de una compañía de comandos de la IV División del Ejército, en el marco de una denominada "Operación Machete".

Dicha operación consistió en una ofensiva militar contra un grupo de guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que operaba en la zona de Neltume, a unos 836 kilómetros al sur de Santiago.

El 20 de septiembre de 1981 los militares encontraron en una vivienda del sector Remeco Alto a tres presuntos guerrilleros: Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, desarmados y uno de ellos herido de gravedad, pese a lo cual fueron ejecutados por la patrulla que comandaba Martínez.

La versión oficial de las autoridades de la época fue que se trataba de terroristas muertos en combate, lo mismo que otros cuatro miembros del MIR fallecidos en otros incidentes ocurridos en la zona.

El abogado Boris Paredes, que también representa a los familiares de los tres militantes miristas, expresó que sus apoderados no tenían "ninguna duda de que el pleno de la Corte Suprema confirmaría el desafuero dictado antes por la Corte de Apelaciones de Valdivia".

"En la investigación judicial existen antecedentes suficientes que acreditan que él es el principal responsable de estos crímenes, porque no solo comandó los efectivos militares sino que además disparó en contra de las víctimas", subrayó.

Martínez figura con el número 77, en una lista de 1.097 agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), que antecedió a la CNI como policía secreta de la dictadura, que el Ejército proporcionó en 2008 al juez especial Alejandro Solís y que se conoció en 2012.

El abogado Álvaro Silva, representante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, confirmó en su exposición ante el pleno, los antecedentes tenidos en cuenta por la Corte de Valdivia para conceder en primera instancia el desafuero del parlamentario.

El juicio está a cargo de la jueza especial Ema Díaz, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien procesó antes al excoronel Conrado García Gaier y el excapitán Enrique Sandoval Arancibia, que formaban parte de un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet a la que se le acusa de 3.000 asesinatos y 28.000 torturados, que participaron también en la persecución de los guerrilleros.

Martínez ha sido diputado de RN por el distrito de Chillán desde 1994 y fue reelegido en las elecciones parlamentarias de noviembre pasado por un nuevo periodo, hasta el año 2018.

Su partido declaró esta tarde que respetan la resolución de la Corte Suprema, aunque confían en la inocencia del parlamentario respecto a estas acusaciones.

EFE