Centenares de panameños marcharon ayer para repudiar la corrupción en su país y exigir castigo a los culpables del mal uso de los bienes del Estado.

Convocados por un movimiento cívico, los manifestantes comenzaron a congregarse al amanecer en la Avenida Balboa, a orillas de la bahía de Panamá, con pancartas y lanzando consignas contra la corrupción, para luego marchar hasta la sede de la Contraloría General (fiscalía de cuentas), a pocas cuadras del mitin.

Vestidos de blanco y varios portando la bandera nacional, ciudadanos de todas las edades y condición social gritaron "Martinelli preso" en alusión al anterior gobernante (2009-2014), varios de cuyos colaboradores son objeto de investigación judicial.

El sábado el expresidente y miembro del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli dijo estar dispuesto a someterse a una investigación, pero advirtió que "todos deben ser investigados" en alusión a las anteriores administraciones.

"Cuando las fuerzas del mal vencen, eso hace despertar al bien está concentración es la consecuencia de que las fuerzas del mal vencieron en Las Tablas y despertaron la conciencia nacional", dijo a periodistas el excontralor de Panamá Alvin Weeden.

Weeden se refería al diputado opositor Carlos Afú, quien el domingo pasado ganó las elecciones parciales que el Tribunal Electoral ordenó repetir luego de determinar que este político usó recursos del Estado en su campaña, pero no lo inhabilitó para volver a participar.

Uno de los investigados es el anterior jefe del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia, en prisión preventiva y al que ya se le han "congelado" once millones de dólares y bienes para conocer el origen de ese dinero.

Además de Guardia, el exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino es objeto de una investigación y sus propiedades han sido intervenidas por el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento injustificado.

El Gobierno de Varela ya ha interpuesto 19 denuncias contra funcionarios del anterior gobierno por delitos contra la administración pública.

La marcha terminó sin incidentes ante la sede de la fiscalía de cuentas, entidad responsable de calificar el delito de enriquecimiento ilícito cometido por los funcionarios y de auditar el manejo de fondos públicos.

EFE