EEUU presionó a España para frenar causas contra militares americanos

EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso de la muerte del cámara español José Couso en Bagdad, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA.

Según publica hoy el diario El País, en los documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks se desprende también que el embajador en España entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, pero que también había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

EEUU contó con la colaboración de autoridades del Gobierno y con información sobre la marcha de las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional sobre la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdad por disparos de una tanque estadounidense y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas que hicieron escala aérea en España.

Un documento fechado en primavera de 2007 destaca que el Gobierno español estaba ayudando en el "caso Couso".

Así, en abril de ese año, en un encuentro entre el embajador Aguirre y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que "estaba muy implicada en el seguimiento del caso" y que se barajaba la posibilidad de presentar un recurso.

En enero de 2007, el fiscal general del Estado mantuvo una entrevista con el embajador Aguirre para tratar el caso Couso y explicarle que el Gobierno no podía hacer nada en este caso, pero que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.

En el caso de la causa abierta en la Audiencia Nacional por las torturas en Guantánamo, EEUU expresó su preocupación por la posible aplicación en España de la jurisdicción universal a la hora de enjuiciar crímenes cometidos en otros países.

En abril de 2009 el senador estadounidense Mel Martínez, de visita en España, se dirigió al entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores para transmitirle que la investigación sobre las torturas en Guantánamo "no sería entendida ni aceptada en EEUU y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales".

El diplomático respondió que "el Gobierno español comunicaría al fiscal general del Estado que la postura oficial de la Administración era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia".

También se hace referencia a la desclasificación de los documentos del CNI (servicios secretos españoles) sobre los vuelos de la CIA que llegaron a la Audiencia Nacional llenos de tachaduras.

EFE