Los afectados recordaron que en el año 2003 culminó la vida útil del relleno, establecido por el estudio de impacto ambiental que le otorgó sólo dos años de uso.
Por permitir el funcionamiento de un botadero clandestino que atenta contra el medio ambiente, la salud y la vida de miles de vecinos, pobladores del distrito de Ancón invocaron al ministro de Salud Alberto Tejada retirar del cargo al actual director de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) Edward Cruz Sánchez.
Los afectados manifestaron que a pesar de las múltiples quejas les causa extrañeza el accionar de DIGESA que lejos de proteger el bien público se ha convertido en una institución estatal a la que le falta fiscalización a pesar de las denuncias persistentes.
Los mortificados moradores recordaron que en el año 2003 culminó la vida útil del relleno, establecido por el estudio de impacto ambiental que le otorgó sólo dos años de uso y a partir de ese momento el relleno se convirtió en botadero clandestino, a pesar de los reiterados reclamos del vecindario. Señalaron que en el 2008 DIGESA notificó a la empresa CASREN EIRL, para que procediera al cierre inmediato del botadero, sin embargo, no acató la disposición y prosiguió operando al margen de la ley.
Los vecinos denunciaron que estos hechos persisten con el afán de proteger a la empresa infractora CASREN EIRL en perjuicio del distrito. Afirmaron que la situación de agrava cuando DIGESA impide que prosperen las medidas correctivas que la ley le permite adoptar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente.
Lamentaron que llegaron al extremo de desconocer la solicitud de la Municipalidad de Lima para inspeccionar el lugar y tomar las medidas administrativas y judiciales necesarias para proteger la salud del vecindario y el medio ambiente.
Los vecinos de Ancón, afectados por este botadero ilegal, recordaron que el 17 de junio del 2011 la comuna metropolitana envío el oficio N°395-2011-MML-SGC dirigido al director de DIGESA Edward Cruz Sánchez al cual emplazan a realizar una inspección administrativa y judicial para proteger la salud de los vecinos y el medio ambiente sin tener respuesta hasta el momento.
Refirieron que a todo esto se suma la Resolución N° 1307-2011-TC-S4 del Tribunal Contrataciones del Estado, con fecha 27 de julio del presente año, que resuelve imponer a la empresa CASREN EIRL, sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de seis meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado por la comisión de la infracción tipificada.
Los pobladores del Asentamiento Humano Las Palmeras de Ancón denunciaron que cada día ven agravar su salud y el medio ambiente y exigieron la inmediata destitución de los malos funcionarios de DIGESA. Los afectados demandan la intervención del Ministro de Salud para que adopte las medidas pertinentes proceda a denunciar ante la justicia a los involucrados, además de nombrar funcionarios competentes.
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