Por la adquisición de bienes y contratación de servicios para el fortalecimiento del serenazgo durante el 2009 y 2011.
La Contraloría General denunció penalmente a 15 funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, (región Puno), por presuntas irregularidades durante los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios para el fortalecimiento del serenazgo municipal de la ciudad de Juliaca ocurrido entre el 2009 y 2011.
Se informó que una comisión auditora determinó que en 2009 los entonces encargados del proceso de selección para la compra de 10 camionetas pick up 4x4 y ocho motocicletas elaboraron las bases sin contar con las características técnicas definidas en el expediente técnico ni por el área usuaria, actuando con total discrecionalidad al momento de fijar los requerimientos técnicos mínimos.
En el caso de las motocicletas establecieron especificaciones que correspondían a las características del vehículo ofrecido por el postor que finalmente obtuvo la buena pro.
Asimismo, los entonces servidores encargados de la recepción actuaron de manera negligente al brindar una irregular conformidad a la recepción de los bienes adquiridos, mientras otro grupo de funcionarios omitió la aplicación de las penalidades a causa del incumplimiento de las condiciones pactadas, lo que generó un perjuicio económico a la comuna de 92 mil 259 nuevos soles.
En este caso, la Procuraduría Pública de la CGR denunció a los ex funcionarios por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Asimismo, se detectó que en el 2011, se adquirió de manera irregular un sistema de video vigilancia con treinta cámaras por un monto de un millón 767 mil nuevos.
Tras las indagaciones que hizo la Contraloría, se determinó que un grupo funcionarios estuvo interesado en favorecer a la empresa proveedora por lo que propiciaron una irregular exoneración del proceso de selección.
Asimismo, el estudio de posibilidades que ofrecía el mercado fue efectuado utilizando cotizaciones falsas para aparentar que las de la referida empresa eran las más ventajosas.
Cabe señalar que al propiciar una irregular exoneración del proceso de selección se permitió una contratación sin los requisitos debidos y un pago al proveedor sin verificarse que los bienes entregados no cumplían con lo requerido por las bases, impidiéndose al municipio optar por mejores condiciones que ofrecía el mercado.
Estos hechos evidencian los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos en la modalidad de uso de documentos falsificados.
En los dos casos mencionados están involucrados seis ex funcionarios y nueve actuales servidores públicos.
La Procuraduría de la CGR presentó las denuncias respectivas ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal San Román.
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