El ministro del Interior, Octavio Salazar, indicó que la denuncia podrá ser interpuesta por la Procuraduría de su sector, siempre que existan indicios suficientes que la sustenten.
El ministro del Interior, Octavio Salazar, informó que catorce alcaldes de Lima podrían ser denunciados por incumplir con presentar sus planes de seguridad ciudadana, herramientas que ayudan a enfrentar la delincuencia en las calles.
Según precisó, se trata de los burgomaestres de las comunas de Ancón, Comas, Chorrillos, Independencia, Lurigancho-Chosica, Punta Negra, Punta Hermosa y Pucusana, Santa Rosa, Santa María del Mar, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
Salazar indicó que el plazo para presentar dichos planes ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) venció en mayo último y, por tanto, se evalúa la posibilidad de denunciar por omisión de funciones a los responsables de los municipios que incurrieron en tal incumplimiento.
La denuncia podrá ser interpuesta por la Procuraduría del Ministerio del Interior, siempre que existan indicios suficientes que la sustenten, en cuyo caso, se procederá de acuerdo con el artículo 337 del Código Penal, referido a omisión de funciones.
El titular del Interior reiteró su invocación a los gobiernos locales y regionales para invertir más recursos para fortalecer la acción de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Tras destacar que ello será muy importante para fortalecer la lucha contra la delincuencia común y organizada en el país, el funcionario sostuvo que la inversión debe enfocarse en equipamiento, plataforma tecnológica, vehículos, armamento, municiones, entre otras necesidades.
"Necesitamos invertir en seguridad ciudadana e impulsar el liderazgo que nos corresponde para garantizar que exista en el país paz, tranquilidad y respeto, y nos hagamos cargo de las funciones que a cada uno nos compete realizar", expresó.
Subrayó que la labor de la PNP puede ser potenciada si se trabaja coordinadamente con las juntas vecinales, municipios, la seguridad privada, empresarios, ciudadanos, y la participación activa del Ministerio Público, el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, el Congreso, entre otros.
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