PJ dictó 15 meses de prisión preventiva a involucrados en descuartizamiento en SMP

El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra los ciudadanos venezolanos Abraham Alberto Perozo Borjas, alias ‘Guasón’ y Angelbert Alejandro Díaz Colina, alias ‘Alejandro Tarra’, como parte de las investigaciones por el doble asesinato y descuartizamiento en un hostal de San Martín de Porres.

La medida fue dictada por la jueza Elma Delicia Fernández Vergaray del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Condevilla, contra los ciudadanos venezolanos imputados por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado y contra la tranquilidad pública, banda criminal en agravio del Estado.

Medidas de seguridad y Apelación

La jueza también dispuso que los investigados sean internados en una cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Agregó que es necesario que esta institución garantice la integridad de los imputados, quienes durante la audiencia aseguraron que reciben amenazas por este caso.

“Dispongo que se oficie a la Policía Judicial a efectos del internamiento respectivo y también que en el oficio que se dirija al INPE, se consigne que adopten las medidas de seguridad pertinentes para garantizar la integridad de los imputados, quienes han referido que vienen siendo amenazados por su vinculación con estos hechos”, dijo.

Al respecto, la defensa de los ciudadanos venezolanos anunció que apelaría a la prisión preventiva, a lo que la juez le respondió que sustente esta solicitud en el plazo correspondiente.

Investigación

El Ministerio Público habría determinado que existen graves y fundados elementos de convicción que acreditan la vinculación de Perozo Borjas y Díaz Colina en el doble crimen en el hostal Señor de Sipán de San Martín de Porres.

El pasado lunes 9 de setiembre se hallaron los restos descuartizados de dos hombres que fueron dejados en diferentes puntos de Lima, San Martín de Porres y el Rímac, envueltos en las sábanas de un hostal y arrojados en bolsas.

Luego la Policía determinó que los restos pertenecían al ciudadano venezolano Matamoros Delgado y al peruano Torrico Jara, quienes pertenecían al mismo círculo social. Los imputados sostienen que el crimen se produjo por un pago de drogas.