por Redacción RPP
·El exviceprimer ministro y antiguo colaborador cercano del líder del régimen, Miguel Díaz-Canel, enfrenta 11 cargos graves, incluido espionaje, lo que podría acarrearle la pena de muerte. El Tribunal Supremo de Cuba celebra el juicio a puerta cerrada, pese a la exigencia popular y familiar de total transparencia.
El juicio contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía cubano, comenzó este martes, celebrando su primera jornada entre el silencio oficial y una amplia expectación entre la población de la Isla.
Este proceso legal, que se desarrolla ante la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP), sitúa a Gil como el alto cargo de mayor relevancia caído en desgracia en Cuba en al menos quince años.
La causa penal contra el otrora mano derecha del gobernante Miguel Díaz-Canel estuvo en reserva por más de un año y se reactivó con el anuncio de la imputación a finales de octubre, en medio de la debacle causada por el huracán ‘Melissa’ y mientras el Gobierno anunciaba un nuevo plan para corregir las distorsiones económicas.
Gil, que fue responsable de varias de las últimas reformas económicas del país —algunas consideradas como históricos fracasos de la economía cubana—, había sido destituido inesperadamente en febrero de 2024, después de haber estado al frente de la cartera de Economía y Planificación entre 2018 y 2024.
En el momento de su destitución, las declaraciones oficiales solo señalaron que el exministro había sido acusado de "graves errores".
El cargo de espionaje, que fue catalogado como inesperado, es el que mayor preocupación genera, ya que el Código Penal cubano castiga este delito con penas que van desde los diez años de prisión hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.
Los cargos imputados contra Alejandro Gil
A finales del pasado mes de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo pública una larga lista de cargos contra Gil y otros acusados no identificados, resultado de una investigación que se prolongó por casi dos años.
En total, se formalizaron once cargos, aunque los medios oficiales señalan que el proceso que se dilucida ante el TSP se va a ceñir a la imputación por espionaje.
Un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, fechado el pasado 31 de octubre, anunció que Gil Fernández fue encontrado responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
El cargo de espionaje, que fue catalogado como inesperado, es el que mayor preocupación genera, ya que el Código Penal cubano castiga este delito con penas que van desde los diez años de prisión hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.
El economista Ricardo Torres, ex investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, comentó al diario El País de España que "los delitos que se le imputan son muy graves para una persona que tenía un cargo de ese nivel".
Juicio a puerta cerrada y reclamo de transparencia
A pesar del interés público y la exigencia ciudadana de un juicio transparente, el Tribunal Supremo de Cuba anunció ayer, lunes, que la vista oral se llevaría a cabo a puerta cerrada "por razones de seguridad nacional", asegurando, sin embargo, que se garantiza el debido proceso. Solo las partes y las personas autorizadas por el tribunal asistirán al juicio.
El mutismo oficial alrededor del proceso es notable. La agencia de noticias EFE pudo comprobar en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, donde se celebra el proceso, que apenas se veía más actividad que de normal en el lugar, que cuenta con accesos controlados.
En una declaración inédita para familiares del alto poder en Cuba, Laura María Gil González, hija del exministro, salió al ruedo público a través de su cuenta en Facebook para expresar su "profunda consternación por los acontecimientos" y exigir transparencia.
La joven se sumó a la solicitud popular de hacerle un juicio a puertas abiertas, dónde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo por la televisión cubana y por Cubavisión Internacional, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales, y que a su vez pueda ser televisado en vivo por cadenas televisivas extranjeras que estén presentes.
La hija de Gil insistió en que su padre "también lo está exigiendo, no desde hoy sino desde el primer día" y ratificó que Alejandro Gil se mantiene "firme en su defensa" y que "no reconocerá, bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le impute y que no se le sea debidamente verificado", según manifestó.
Respecto al cargo más grave, Gil González, en su comunicado, planteó que el tema del espionaje "ha sido la piedra angular de esta investigación". En ese sentido indicó que la ciudadanía agradecería una ampliación de la noticia, explicando cómo, supuestamente, su padre incurrió en ese delito. Además de otros detalles como cuáles fueron sus vías de comunicación, qué recibió a cambio, dónde sostuvo sus encuentros, en qué escenarios, con quién, bajo la orden directa de quién lo hacía, qué información reveló, y desde cuando realizó la actividad imputada, entre otros.
¿Responsabilidad compartida?
El caso ha suscitado un gran interés en Cuba y ha sido catalogado como el mayor escándalo de corrupción desde el juicio y ejecución del general Arnaldo Ochoa en 1989.
Aunque Gil Fernández carga sobre sus hombros el descalabro que representó la Tarea ordenamiento de 2021, los economistas entienden que la responsabilidad de la profunda crisis económica cubana nunca recae en una sola persona.
Ricardo Torres sostiene que "es una responsabilidad muy compartida", y añade que "todas las medidas relevantes en esa área son aprobadas al máximo nivel y fueron revisadas y aplicadas con el aval del Consejo de Ministros, o el Buró Político".
Torres también destacó a El País la intención del gobierno de "endilgar" al acusado toda la responsabilidad por "el descalabro económico de la isla". Esto, considera, es un argumento falso, pues la economía cubana ha estado en una situación calamitosa por décadas, durante las que se fue sembrando lo que está cosechando hoy en día.
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