Directorio de petrolera estatal emprenderá acciones legales, administrativas, técnicas y financieras para evitar mayor daño económico al Estado
La petrolera estatal boliviana YPFB decidió hoy anular el contrato con la empresa encargada de construir una planta de gas en el oriente del país por irregularidades en el proceso de adjudicación destapadas por un escándalo de corrupción.
Según una resolución de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el proceso de contratación para la construcción de esta planta en Río Grande en la región oriental de Santa Cruz por parte de la firma Catler Uniservice, que tiene socios argentinos, presenta "una serie de irregularidades e inconsistencias".
Asimismo, el directorio de la petrolera estatal instruyó para emprender acciones legales, administrativas, técnicas y financieras "para evitar mayor daño económico al Estado y en lo posible dar continuidad al proceso de construcción de la planta".
El contrato para esa planta fue objeto de un escándalo de corrupción que estalló con el asesinato del empresario boliviano Jorge O"Connor D"Arlach, ejecutivo de Catler Uniservice.
O"Connor D"Arlach fue asesinado en el momento en que entraba en una vivienda de familiares de la esposa del ex presidente del YPFB Santos Ramírez con 450.000 dólares (unos 350.000 euros) en efectivo.
Los investigadores y la oposición sospechan que el dinero era para pagar una comisión ilegal a Ramírez por la adjudicación a Catler del contrato para la construcción de la planta por un valor de 86 millones de dólares.
La resolución administrativa publicada hoy reconoce, en este sentido, que el ex presidente de YPFB, actualmente en prisión acusado de varios delitos, adjudicó el contrato a una empresa "que no tenía capacidad financiera para emprender el proyecto.
Catler Uniservice subcontrató a la estadounidense Gulsby para construir el 80 por ciento de la infraestructura y a las argentinas Sica y Lito Gonela para el resto.
EFE
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