Asimismo, los jueces civiles de la capital mexicana pueden ahora dar certificados de concubinato o de unión libre a parejas de homosexuales.
Desde muy temprano los interesados tramitaron sus solicitudes de matrimonio y pagaron las cuotas correspondientes, aunque la mayoría deberá esperar ocho días para efectuar la ceremonia civil ante un juez, quien sustituirá la frase "los declaro marido y mujer" por "los declaro en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que otorga la ley".
En las afueras de algunas oficinas del Registro Civil se observaron hoy parejas que celebraron besándose, mientras otros ondearon la tradicional bandera del movimiento gay, con los colores del arco iris.
El pasado 29 de diciembre el gobierno izquierdista de Ciudad de México promulgó varias reformas al Código Civil local que permiten a personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales.
Asimismo, los jueces civiles de la capital mexicana pueden ahora dar certificados de concubinato o de unión libre a parejas de homosexuales.
Las actas de nacimiento y matrimonio de la urbe, en la que viven 19 millones de personas, fueron modificadas para incluir parejas de hombres y de mujeres e hijos de padres del mismo sexo.
Para casarse, alguno de los consortes debe demostrar que ha vivido al menos seis meses en la Ciudad de México, el único de los 32 estados del país en el que son legales este tipo de uniones.
El costo de una boda en las oficinas del Registro Civil en el Distrito Federal es de 797 pesos (unos 63 dólares), precio que aumenta a 1.688 pesos (133 dólares) si el juez visita el domicilio de la pareja, y a 5.165 pesos (406) si el letrado debe salir de su jurisdicción.
La aprobación de los matrimonios del mismo sexo en Ciudad de México generó una ola de rechazo de varios sectores conservadores del país, incluida la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita el presidente mexicano, Felipe Calderón.
Los estados centrales de Morelos, Tlaxcala y Guanajuato, gobernados por el PAN, interpusieron controversias constitucionales contra las reformas legales aprobadas en la capital mexicana, las cuales fueron declaradas "improcedentes" por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de dichos estados, los gobiernos conservadores de Sonora y Jalisco, así como la gubernamental Fiscalía General, interpusieron controversias sobre esta ley, pero respecto de esa acción la SCJN no se ha pronunciado aún.
La Corte argumentó en su momento que los estados en México, un país regido por un sistema federal, no pueden impugnar la constitucionalidad de las leyes de otro estado. EFE
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