Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para hallar una solución concertada a nuestros conflictos, pero sobre todo es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública.

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Al cabo de cinco días de tensión, la violencia volvió a estallar ayer y tuvo su epicentro en la ciudad puneña de Juliaca. Miles de manifestantes convirtieron lo que era una marcha pacífica en una tentativa de invasión del aeropuerto Inca Manco Capac. El resultado es la muerte de 17 manifestantes, entre los que figura por lo menos un menor de edad. Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para hallar una solución concertada a nuestros conflictos, pero sobre todo es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública. Por eso, lo primero es expresar condolencias y lo segundo comprometerse a investigar la realidad de los hechos y a establecer responsabilidades. También se ha reportado que 75 policías han sido heridos, entre los que algunos se hallarían en estado crítico. El ministro del Interior ha afirmado que decenas de vehículos transportaron desde otras regiones a personas que vinieron para participar en la manifestación y darle un carácter violento. El ministro del Defensa ha precisado que, a diferencia de lo sucedido en Ayacucho, el Ejército no participó en el enfrentamiento con la población civil. El primer ministro ha lamentado que no aparezcan interlocutores en representación de los manifestantes y que las exigencias sean de carácter político: la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. “No vamos a cejar”, aseguró Alberto Otárola, “hasta que el orden sea restablecido y los responsables de la violencia sean detenidos”. Otárola afirmó que la violencia ha sido deliberadamente provocada en beneficio de la impunidad de grupos criminales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Durante los últimos tiempos, es cierto, hemos dejado que esos grupos penetren el Estado y se sobrepongan a demandas y descontentos reales. Hoy pagamos las consecuencias con un indignante número de muertes. Veremos qué logran el grupo de alto nivel que el Ejecutivo envía a Puno y la misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llega mañana a Lima.

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