La victoria judicial de La Haya es la prueba patente de lo que podemos lograr como nación cuando hay un objetivo compartido, cuando se deja de lado el espíritu de querella y cuando se convoca a los mejores especialistas.

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Hoy se conmemorará el décimo aniversario de la sentencia pronunciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 27 de enero del 2014. En virtud de esa sentencia, nuestra frontera marítima con Chile quedó definida y el Perú incorporó a su soberanía marítima más de 67 mil kilómetros cuadrados de superficie de mar. Pero tan importante como lo obtenido en términos de espacio físico es el ejemplo de una política de Estado a la que sucesivos gobiernos dieron continuidad. Y a cuyo logro contribuyeron personalidades de diferentes horizontes.

La victoria judicial de La Haya es la prueba patente de lo que podemos lograr como nación cuando hay un objetivo compartido, cuando se deja de lado el espíritu de querella y cuando se convoca a los mejores especialistas. La demanda que presentamos ante la más importante Corte Internacional del mundo tiene sus antecedentes en una gestión realizada ante las autoridades chilenas en 1986 por el embajador Juan Miguel Bákula.

El tema fue mencionado durante el mandato del presidente Alejandro Toledo, pero fue bajo el presidente Alan García y su canciller José Antonio García Belaunde que el Perú formalizó su demanda ante los jueces de La Haya. El embajador Alan Wagner fue nombrado Agente del Perú ante la Corte de La Haya.

La Cancillería supo nombrar un equipo de especialistas, en particular en Derecho de Mar, que había evolucionado desde su plasmación en la Convención del Mar, aprobada por la ONU en 1982. Ambos países coordinaron esfuerzos para ejecutar la sentencia, lo que correspondió en particular a los ministros de Ollanta Humala, Pedro Cateriano y Edda Rivas.

Esperemos que las conmemoraciones no se limiten a observar el pasado, sino que sirvan para promover una idea simple: los desafíos que enfrentamos hoy en materia de seguridad ciudadana, de reactivación económica y de lucha contra la corrupción requieren de las mismas virtudes que desplegamos en el proceso de La Haya, es decir poner los intereses del Perú y los de su gente por encima de las pequeñas ambiciones de sus dirigentes.